Exigen eliminar cerco que impide que la ayuda humanitaria llegue a Copala

jueves, 13 de mayo de 2010

MÉXICO, D.F., 13 de mayo (apro).- Habitantes del poblado de San Juan Copala, Oaxaca, pidieron auxilio a las autoridades federales para romper el cerco impuesto por presuntos paramilitares que “han cortado el agua potable y la luz eléctrica, y han impedido que los alimentos y los maestros entren a la comunidad”, en perjuicio de 700 familias.

En un comunicado firmado por el autodenominado “Municipio Autónomo San Juan Copala”, los indígenas triqui exigieron el esclarecimiento de las muertes de los activistas de derechos humanos Beatriz Cariño, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y del finlandés Jyri Jaakkoola, asesinados en la comunidad de La Sabana el 27 de abril, cuando participaban en una caravana humanitaria que fue emboscada por hombres armados vestidos con trajes tipo militar y el rostro cubierto.

En el documento solicitaron ayuda a la Comisión Diocesana de Justicia y Paz y al Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco” para “convocar a una próxima caravana humanitaria y de observación, contemplando todas las medidas de seguridad y coordinándose con todas las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos interesadas en verificar la situación” por la que atraviesa el municipio triqui.

Los habitantes de San Juan Copala urgieron a organizaciones civiles a intervenir y colaborar para lograr “acuerdos políticos que rompan de forma definitiva con el cerco paramilitar, económico, político, social, mediático y de hambruna que enfrenta nuestro pueblo”.

En el escrito dirigido también a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, los promotores del “municipio autónomo” reiteraron que los miembros de la organización de filiación priista Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) son responsables del atentado a la caravana humanitaria.

“Como habitantes de San Juan Copala sabemos quiénes cometieron estos crímenes, y lo sabemos no solamente por todo lo que nos han hecho con anterioridad, sino porque son los mismo que días antes de la caravana lanzaron amenazas públicas en los medios de comunicación”, señalaron en el comunicado, sin citar al dirigente de Ubisort, Rufino Juárez, quien el 26 de abril amenazó, por medio de entrevistas radiofónicas, con impedir el paso de la caravana.

A la Ubisort los habitantes de San Juan Copala la responsabilizan también del cerco que mantiene a la comunidad sin luz ni agua e impide el paso de alimentos, maestros y del médico del centro de salud.

Al mediodía, el representante de la comunidad en la Ciudad de México, Víctor Castillo, ofreció una conferencia de prensa en la que exigió la intervención de las autoridades estatales y federales para acabar con el cerco.

Asimismo, dio a conocer que el próximo 30 de mayo una nueva caravana humanitaria, conformada por unas 300 personas, visitará la población declarada por sus habitantes como “municipio autónomo”, a pesar de que no existen condiciones para la visita.

El representante de San Juan Copala, uno de los principales asientos de la etnia triqui, demandó también castigo para los responsables de diversos hechos violentos ocurridos en la zona, entre ellos, el ataque a una caravana humanitaria, el pasado 27 de abril, cuando murieron dos personas, una mexicana y una de origen finlandés.

Castillo aseguró que la organización Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), a la que calificó de ser un grupo paramilitar”, amenazó con atacar a la caravana que se dirigirá a San Juan Copala para llevar alimentos y medicinas a las familias que aún se encuentran en la zona.

Sin embargo, subrayó que unas 300 personas están decididas a acudir al poblado para de viva voz los testimonios de los pobladores sobre la situación en esa área, rodeada por presuntos grupos paramilitares que intimidan a la población.

Refirió que desde 1994, cuando se conformó la Ubisort, se ha registrado un promedio de cuatro homicidios anuales, donde los más afectados han sido menores de edad.

Recordó que desde noviembre pasado el presunto grupo paramilitar tomó el palacio municipal y el camino principal, pero el cerco se intensificó en enero pasad, cuando ya no dejó pasar alimentos ni agua, “y las balaceras se registraron todos los días”.

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