MÉXICO, D.F., 20 de mayo (apro).- En su tercer día de discusión y análisis sobre la distribución obligatoria de la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE) por parte del sector salud, en caso de abuso sexual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó de nueva cuenta su decisión.

El asunto se retomará el próximo lunes 24, día en que se espera sea votado en definitiva el tema, con la posición de la mayoría de ministros que respalda la constitucionalidad de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 046-SSA2-2005 emitida por el Ejecutivo federal.

Ayer, los ministros coincidieron en que la píldora es una cuestión de salubridad pública y que debe estar respaldada por las instituciones de ese sector y no las penales.

El ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue uno de los principales defensores para invalidar la norma oficial mexicana que reglamenta la pastilla también conocida como “píldora del día después”.

Y hoy argumentó que es necesario revisar el proyecto que declara la validez de esa disposición, debido a que –agregó– existe una contradicción entre el criterio actual de la SCJN y el adoptado cuando se resolvió el tema de la despenalización del aborto en el Distrito Federal.

Además, sostuvo que las normas oficiales mexicanas no pueden incidir en ciertas materias de los estados, y al respecto aseguró que el mandato viola el artículo cuarto de la Constitución de Jalisco, pues "obliga a los trabajadores a violar la Constitución y cometer un delito".

Eso, dijo, debido a que el aborto está tipificado como una conducta ilícita en el Código Penal de la entidad, cuyo gobernador, Emilio González, impugnó la NOM 046, que contiene la disposición de proporcionar la también llamada píldora del día siguiente a las víctimas de violación, previa autorización del Ministerio Público.

Como resultado de ese posicionamiento, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, ordenó que el proyecto del ministro Ramón Cossío Díaz se modifique, en el sentido de que se establezca que las NOM sí pueden obligar a los estados respecto a diversos temas, en este caso el de la salud.

En su proyecto, el ministro Ramón Cossío estableció que el procedimiento no es abortivo, por lo que propuso declarar constitucional la NOM 046-SSA2-2005.

Además, llamó a definir la actuación del Ministerio Público local para investigar y garantizar la protección a las víctimas de violación, pues el ejercicio de la acción penal por este delito corresponde al representante social, pero a la víctima se le debe definir desde el punto de vista médico y no penal.