MÉXICO, D.F., 21 de mayo (apro).- A 14 días de la cumplirse un año de la tragedia registrada en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 niños, la Secretaría de la Contraloría General del gobierno estatal cerró hoy el periodo de audiencias de los presuntos responsables en el incendio.

De acuerdo con el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la dependencia, José Ángel Calderón Piñeiro, a partir de ahora comenzará el proceso de admisión de pruebas para que los presuntos responsables aporten pruebas de descargo y una vez agotada esta etapa, dijo, se procederá a cerrar la instrucción.

Posteriormente, explicó, se procederá al estudio y análisis para emitir una resolución, que podría llevar algunos meses, dado que son siete casos y se tienen en agenda otros asuntos.

Sobre las personas que comparecieron por el caso de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Calderón Piñeiro detalló que fueron cinco exfuncionarios de la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) y de la Secretaría de Hacienda, y dos más que permanecen en la actual administración estatal.

Asimismo, infirmó que la Secretaría de la Contraloría citó a los funcionarios estatales de acuerdo con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar presuntas responsabilidades administrativas.

El funcionario estatal manifestó que en caso de resultar un procedimiento penal en la revisión de los expedientes y si se considera que hay elementos, se dará vista a la autoridad ministerial.

Recordó que las sanciones administrativas que podrían resolverse serían amonestación, apercibimiento, suspensión que no aplica a los que no son funcionarios, destitución y la inhabilitación como funcionario público.

Si de la revisión surgen elementos para presumir responsabilidades de otros funcionarios no citados en la recomendación de la CNDH, agregó, se emitirán los citatorios para que declaren al respecto y se siga el mismo procedimiento.

Inexplicablemente, en dicho procedimiento no han sido incluidos el exgobernador Eduardo Bours Castelo ni el procurador Abel Murrieta Gutiérrez (quien permanece en su cargo), aunque el secretario de la Contraloría, Carlos Tapia Astiazarán, declaró la semana pasada que no se descarta que más adelante ambos personajes sean llamados a rendir declaración.