MEXICO, DF, 24 de mayo (apro).- En vísperas de la próxima visita del presidente Felipe Calderón a Canadá, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado al Ejecutivo mexicano y al primer ministro canadiense Stephen Harper a “integrar el enfoque de derechos humanos” en su agenda de negociaciones bilaterales.

En una carta firmada por los representantes de AI en México y de las ramas francófona y anglófona de Canadá, Alberto Herrera Aragón, Beatrice Vaugrante y Alex Neve, respectivamente, se pide a Calderón y Harper guiar los temas de su agenda conforme a los derechos humanos, pues ello “es vital para encontrar soluciones que protejan la seguridad, la dignidad y el bienestar de todos los ciudadanos de nuestros países”.

La representación mexicana de la organización internacional resalta la multiplicación de violaciones  a derechos humanos cometidos por miembros del Ejército Mexicano, a partir de su integración en la “guerra contra el narcotráfico”, emprendida por el gobierno de Calderón.

Recuerda que, en 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró mil 791 quejas contra militares mexicanos, “que representan un incremento de casi mil por ciento desde 2006”.

Tan sólo en Chihuahua, añade AI, en el lapso comprendido entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Ministerio Público de Ciudad Juárez recibieron unas mil 300 denuncias en contra de miembros de las Fuerzas Armadas.

En su carta, AI “insta a reconoce la gravedad y la escala de los reportes sobre abuso de derechos humanos cometidos por el Ejército, así como el alto grado de complicidad de las autoridades civiles al encubrir estos abusos”.

Asimismo, AI  puntualiza en su misiva que “en México los pueblos indígenas y las comunidades marginales, cuyas tierras han sido arrebatadas por el desarrollo económico, están en riesgo de persecución, desalojos forzados o les es negado el derecho a la información y la consulta”.

Para ejemplificar esta situación, se señala el asesinato en noviembre pasado del indígena chiapaneco Mariano Abarca Robledo, líder de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, y el encarcelamiento de Raúl Hernández Abundio, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’ phaa (OPIM), considerado por Amnistía “preso de conciencia”.

Al primer ministro canadiense, la organización internacional le solicitó retirar el requisito de la visa, así como a “tomar medidas que no obstaculicen la solicitud de refugio”.