Piden ONG's a la Corte aplicar la justicia en el caso Atenco

martes, 25 de mayo de 2010

MEXICO, D.F., 25 de mayo (apro).- En vísperas de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Atenco, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México) afirmaron que, detrás del proceso judicial contra los dirigentes del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), “está la criminalización de la protesta social”.

En conferencia de prensa, los directores del Prodh y FLACSO, Luis Arriaga y Luis Daniel Vázquez, dieron a conocer argumentación jurídica a favor de tres dirigentes del FPDT y nueve personas ajenas a ese movimiento social, sentenciados a 112 años de prisión por el delito de “secuestro equiparado”.

Los documentos comprenden la figura de los amicus curiae dirigidos a la SCJN, luego de que, el pasado 10 de febrero, el máximo tribunal del país atrajo el caso, tras los amparos interpuestos contra las sentencias condenatorias purgadas en el centro de máxima seguridad del Altiplano, en el estado de México.

Arriaga y Vázquez explicaron que la figura de amicus curie es una institución procesal que permite la intervención activa de la sociedad civil para la resolución de cuestiones judiciales, y funciona como un mecanismo para democratizar y enriquecer las sentencias dictadas en los tribunales.

Afirmaron que, detrás del proceso judicial contra los dirigentes de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez Hernández y Héctor Galindo Goicochea, así como de otras nueve personas,  detenidas el 3 y 4 de mayo de 2006, está “la criminalización de la protesta social, que utiliza la legislación penal como un medio de control social y un mecanismo de relación entre actores sociales, cuya única posibilidad de incidir en la cuestión pública es la movilización y la acción colectiva”.

Arriaga dijo que el de los integrantes de FPDT, sentenciados a 112 años de prisión, “es un caso paradigmático de un ejercicio excesivo y faccioso del sistema penal, para establecer como delincuenciales las conductas de los integrantes de este movimiento social”.

Ambos coincidieron en que la SCJN es la última posibilidad para que los dirigentes de Atenco recobren su libertad. Dijeron que se trata de “presos políticos”,  que impidieron la construcción de un nuevo aeropuerto en terrenos de ese municipio.

Arriaga insistió que este asunto da a la SCJN una “oportunidad histórica para que se pronuncie sobre el legítimo derecho a la protesta social y el uso arbitrario de la figura de secuestro equiparado, que ha sido empleado recurrentemente para castigar a luchadores sociales o personas que se han opuesto a situaciones de abuso de autoridad”.

Al  documento del Prodh se adhirieron 77 organizaciones sociales y 12 personalidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, en tanto que el escrito de FLACSO fue firmado por alumnos y tutores de la maestría en Derechos Humanos.

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