Ordena el IFAI a la PGR abrir expediente de Luis Echeverría y la matanza del 68

miércoles, 26 de mayo de 2010

MÉXICO, DF, 26 de mayo (apro).- A siete años de su creación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) emitió una de sus resoluciones de mayor trascendencia, al ordenar a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir la investigación por la que determinó que el expresidente Luis Echeverría era culpable de genocidio y privación ilegal de la libertad durante el movimiento estudiantil de 1968.

El exmandatario fue detenido por estos hechos, sin embargo, logró evadir las acusaciones en su contra mediante amparos y sentencias de jueces federales, quienes consideraron que la PGR no pudo acreditar el delito de genocidio, así como el de secuestro.

Con esta resolución quedarán abiertos los tomos de la averiguación previa PGR/FEMOSPP/002/2002, relativa a la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y, con ello, podrá valorarse por parte de especialistas en derecho en qué y cómo fue que el gobierno erró el camino cuando trató de poner tras las rejas a uno de los exmandatarios más controvertido del régimen priista.

En su primera respuesta a una solicitud de acceso a la información, la PGR calificó la investigación de “reservada”, fundamentando su negativa en las recientes reformas al Código Federal de Procedimientos Penales, que impiden conocer las pesquisas aun cuando éstas ya estén concluidas.

Pero en esta ocasión la PGR no pudo sostenerse de esa enmienda.

La comisionada Sigrid Arzt Colunga revocó la reserva con el argumento de que las investigaciones por violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad son públicas por definición una vez que estén cerradas.

En el expediente, Artz puntualizó que el Estado mexicano reconoció el Estatuto de la Corte Penal Internacional en el 2005, instrumento aprobado como norma jurídica por el propio Senado de la República.

La comisionada destacó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado en tesis que en caso de que funcionarios públicos estén relacionados con la violación de derechos humanos, lo que impera es la publicidad de las investigaciones.

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