LONDRES, 26 de mayo (apro).- El gobierno de Felipe Calderón utiliza el combate antidrogas como “pretexto” para justificar violaciones a los derechos humanos cometidas contra civiles, denunció hoy Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional (AI).

En entrevista con Apro, un día después de la difusión del Informe Anual 2010: El estado de los derechos humanos en el mundo, que deja mal paradas  a las autoridades mexicanas, Lee sostuvo el crimen organizado está afectando “la institucionalidad de México”.

Sin embargo, advirtió que el gobierno de Calderón tiene no solamente el derecho, “sino la obligación de enfrentar este crimen organizado, asegurar la República y proteger a la población de este flagelo”.

Lee sostuvo que, “lastimosamente en México, el gobierno decidió emplear a los militares en su estrategia de enfrentar el crimen organizado. Los militares, dijo,  no están entrenados para funciones policiales. “Lo que vemos en toda las situaciones donde se ha empleado a fuerzas militares en este tipo de operaciones es que hay un aumento en las violaciones a los derechos humanos.

“Y eso es precisamente lo que se ha dado en México, un aumento por seis del número de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidos por los militares”, agregó.

En su informe anual, Amnistía denunció además a México por impedir que las mujeres sufrieran elevados niveles de violencia de género sin disponer apenas de acceso a la justicia.

También mencionó que van en aumento los secuestros y asesinatos de migrantes, periodistas y defensores de los derechos humanos. De igual forma, sostuvo que las comunidades marginadas en cuyas tierras se deseaba llevar a cabo proyectos de desarrollo económico siguen corriendo el riesgo de sufrir acoso, ser desalojadas por la fuerza o ver negados su derechos a ser consultadas e informadas de manera adecuada.

También hace mención de dos decisiones históricas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) falló contra México en sendos casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos.

En su apartado sobre Policía y fuerzas de seguridad, Amnistía destacó que aumentaron los informes sobre violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros del Ejército, como ejecuciones extrajudiciales y homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros malos tratos.

Durante 2009, destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formuló 30 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre casos confirmados de abusos, frente a las 14 formuladas en 2008.

Denunció que algunas víctimas o sus familiares que intentaron presentar denuncias fueron objeto de amenazas, y sostuvo que en casos en los que el sistema de justicia militar siguió investigando y juzgando las violaciones de derechos humanos relacionadas con miembros del Ejército, las autoridades gubernamentales se negaron a reconocer la magnitud de los abusos o la impunidad de éstos.

Además, destacó que en marzo de 2009, el Ejército sometió a torturas a 25 agentes de la policía municipal tras detenerlos, mientras permanecían en situación de detención preventiva sin cargos (arraigo) en una base militar de Tijuana.

“Después de ser acusados formalmente de delitos vinculados con la delincuencia organizada, los agentes fueron trasladados a una prisión civil de Tepic, Nayarit. Al finalizar el año no se tenía noticia de que se hubiera abierto ninguna investigación sobre las denuncias de tortura”, subrayó.

Sobre las fuerzas de policía, Amnistía denunció haber recibido varios informes sobre violaciones de derechos humanos a manos de la PF y agentes estatales y municipales, como desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, torturas y otros malos tratos y detenciones arbitrarias.

Indicó que el gobierno de Calderón “no hizo realidad sus promesas de investigar todas las denuncias de tortura”.

Destacó el caso de Gustavo Castañeda Puentes, quien en febrero de 2009 fue víctima de desaparición forzada a manos de policías en Monterrey, Nuevo Léon, y agregó que a pesar de que testigos del hecho identificaron a los presuntos responsables, la investigación no condujo a la detención de éstos.

Otro caso ocurrió en marzo del año pasado, cuando la PF detuvo de manera ilegal a Jesús Arturo Torres en su domicilio de Chihuahua. Según AI, los agentes lo golpearon y lo amenazaron de muerte durante las tres horas que duró el interrogatorio.
“Jesús Arturo Torres quedó en libertad sin cargos. Presentó una denuncia, pero al concluir el año no se sabía si la investigación había avanzado o no”, destacó el informe presentado en Londres.

En torno de los derechos de los indocumentados, la ONG británica denunció que se detuvo y deportó a más de 60 mil migrantes irregulares, en su gran mayoría centroamericanos que intentaban llegar a Estados Unidos.

“Las personas migrantes, en especial las mujeres, los niños y las niñas, corrían peligro de ser víctimas de abusos, como palizas, amenazas, secuestros, violaciones y asesinatos, principalmente a manos de bandas de delincuentes, pero también de algunos funcionarios públicos”, destacó el documento.

“Las medidas para prevenir y castigar los abusos eran inadecuadas y los migrantes no tenían prácticamente acceso a la justicia”, agregó.

Mencionó un informe de la CNDH que, en julio de 2009, estimó que hasta 10 mil indocumentados fueron secuestrados durante los seis meses anteriores y que en muchos de los casos las mujeres fueron objeto de agresiones sexuales. “Las iniciativas oficiales para poner fin a estos abusos son totalmente inadecuadas”, acusó AI.

También dio cuenta de amenazas y agresiones contra defensores de los derechos humanos a manos de particulares y agentes del Estado, como también la ausencia de acciones efectivas para investigar e impedir esos ataques.

Los ombudsman, “sobre todo los que promueven el respeto por los derechos económicos, sociales y culturales, son objeto de cargos penales falsos y procedimientos judiciales injustos”, continuó.

Resaltó el caso de unos hombres armados sin identificar que afirmaron ser policías y en febrero pasado secuestraron, torturaron y asesinaron a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos de los indígenas en Ayutla, Guerrero. Los dos hombres habían recibido amenazas por sus actividades.

También denunció que en agosto pasado un hombre sin identificar disparó repetidas veces y estuvo a punto de matar a Salomón Monárrez, del Frente Cívico Sinaloense, organización de derechos humanos radicada en Culiacán.

El Informe Anual 2010 denuncia que, en México, los periodistas, sobre todo los que trabajaban en temas relacionados con la seguridad pública y la corrupción, siguen sufriendo amenazas, agresiones y secuestros.

AI señaló que recibió informes según los cuales al menos 12 periodistas fueron asesinados durante 2009.

“El hecho de que las investigaciones sobre los homicidios, los secuestros y las amenazas rara vez desembocaran en el procesamiento de los responsables agravaba el clima de impunidad”, aclaró.

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades marginadas, indicó que suelen ser objeto de procedimientos judiciales injustos y, en varios casos, a causa del interés por explotar los recursos naturales de las tierras en las que habitan, se ignoró o amenazó su derecho a la tierra o a sus hogares.

En el apartado sobre Violencia contra mujeres y niñas, Amnistía sostuvo que este flagelo sigue siendo un fenómeno generalizado en la mayoría de las entidades de la República.

Destacó que en los estados de Chihuahua y México se denunció el asesinato de decenas de mujeres luego de ser secuestradas y violadas.

“Todas las entidades adoptaron medidas jurídicas para mejorar la prevención y el castigo de los actos de violencia de género, pero la aplicación de las nuevas leyes siguió siendo muy limitada. La impunidad de los asesinatos y otros delitos perpetrados contra mujeres continuaba siendo la norma”, reveló.

Como ejemplo de ello, mencionó el caso de los asesinatos y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Indicó que en 2009, según los informes recibidos, al menos 35 mujeres desaparecieron, y al final del año seguía sin tenerse noticia de su paradero.

“El gobierno del estado publicó un informe sobre los avances conseguidos en la prevención y el castigo de los asesinatos de mujeres, pero no facilitó una relación completa de todos los casos denunciados”, agregó.

Finalmente, mencionó a la impunidad como otro de los problemas graves de México. “Continúa muy arraigada la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. Las medidas adoptadas para procesar a los responsables fueron escasas o nulas”, indicó AI.

Sostuvo que las investigaciones de centenares de casos de graves violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra sucia de las décadas de 1960, 1970 y 1980 continuaron paralizadas, y siguieron sin aparecer algunos documentos de indagatorias anteriores.

El caso Atenco

Como ejemplo de ello, destacó el caso de una investigación especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que llegó a la conclusión de que en mayo de 2006 la policía había cometido graves violaciones de derechos humanos en San Salvador Atenco, incluidas agresiones sexuales contra detenidas.

“Sin embargo, en el informe de la investigación se señalaba que sólo se podía pedir cuentas a los agentes implicados directamente en los abusos, pero no a los altos funcionarios que habían ordenado la operación y no habían impedido ni investigado los abusos”, agregó.

En septiembre, en una investigación penal especial llevada a cabo por un organismo federal sobre las torturas –incluidas agresiones sexuales– perpetradas contra 26 mujeres detenidas en Salvador Atenco, “se llegó a la conclusión de que los responsables habían sido 34 agentes de la policía estatal, pero no se formularon cargos, y la causa se devolvió a la Procuraduría mexiquense, que anteriormente no había procedido contra los responsables.

“No se tuvo noticia de que hubiera nuevas acciones judiciales”, indica el reporte. Y agrega que, en marzo de 2009, un Tribunal federal confirmó el archivo de la causa por genocidio seguida contra el expresidente Luis Echeverría en relación con la matanza de estudiantes ocurrida en Tlatelolco en 1968, en otro caso más de impunidad del Estado mexicano.

En el documento, AI indicó además que, en octubre pasado, la SCJN finalizó una investigación especial sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la crisis política registrada en Oaxaca en 2006, y llegó a la conclusión de que se debía hacer rendir cuentas al gobernador, el priista Ulises Ruiz, y a otras autoridades de la entidad.

Al terminar el año, sin embargo, “no se disponía de información sobre la apertura de nuevas investigaciones para cumplir la recomendación del Tribunal. Juan Manuel Martínez seguía en prisión acusado del asesinato del periodista estadunidense Brad Will, ocurrido en octubre de 2006 en Oaxaca, a pesar que no existían pruebas en su contra y de que las autoridades federales no habían llevado a cabo una investigación completa y exhaustiva para identificar a los responsables”, concluyó AI.