MEXICO, D.F., 4 de mayo (apro).- El Departamento de Educación del estado de Arizona, Estados Unidos, anunció que solicitará a un distrito escolar local la restitución de 1.2 millones de dólares de fondos estatales, con el argumento de que el dinero fue usado en forma ilegal para dar educación gratuita a niños mexicanos.
El superintendente escolar de Arizona, Tom Horne, informó hoy que, de acuerdo con una auditoria al Distrito Escolar de Ajo, esta jurisdicción aceptó en forma ilegal a estudiantes que no son residentes de Arizona.
    “El asunto aquí no es ciudadanía o documentación, sino residencia”, argumentó Horne. “En este caso, 105 estudiantes aseguraron que residían en Arizona, cuando de hecho residían en México”.
    El Distrito Escolar de Ajo es diminuto en comparación con otros de la entidad, y cuenta sólo con un jardín de niños, una primaria, una secundaria y una preparatoria.
    Las escuelas de Ajo, una comunidad del desierto sur de Arizona, cerca de la frontera con México, atienden a niños de la reservación indígena Tohono O'odham y de las comunidades de Lukeville, Why y Ajo.
    Horne explicó que los niños mexicanos cruzan la frontera cada día y toman autobuses para asistir a las escuelas públicas en Ajo, donde son educados a cargo de los contribuyentes de Arizona.
    Añadió que los auditores determinaron que los estudiantes mexicanos aseguraron que residían en casas móviles inhabitables o vacías y un hotel abandonado en Lukeville.
    El distrito tiene 30 días para apelar los resultados de la auditoria ante la Oficina de Audiencias Administrativas del estado de Arizona.
    La medida se suma a una nueva ley estatal que prohíbe a los maestros dar alguna clase en la que se promueva derrocar el gobierno de Estados Unidos, promover el resentimiento contra alguna raza o tipo de persona o promover solidaridad étnica entre los alumnos.
    Todo esto luego de que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, proclamó, el pasado 23 de abril, una ley, que declara delito estatal el ser inmigrante indocumentado en la entidad y autoriza a los policías aplicar las leyes migratorias.