Desafíos de la Tv pública

viernes, 7 de mayo de 2010

MÉXICO, D.F., 7 de mayo (Proceso).- Existen en el país 31 emisoras públicas al aire, 23 de los gobiernos de los estados y dos federales en señal abierta, dos universitarias también gratuitas, cuatro en cable. Recientemente se otorgó un permiso digital para el gobierno del DF.

La historia de la mayoría de esos canales se remonta a los años del nacionalismo revolucionario, cuando el Estado consideraba la necesidad de ofrecer opciones en radiodifusión frente al crecimiento monopólico de los privados, proceso del que también fue garante. El pico de crecimiento se alcanzó en los años ochenta para decrecer a partir de los noventa. El neoliberalismo implantado en el país hizo a un lado la oferta cultural y educativa, la marginó, y dentro de esta política quedaron también los medios públicos. A partir de las administraciones panistas, la tendencia se dejó sentir con mayor agudeza. Los presupuestos decayeron y la idea de mercantilizar la totalidad del espectro está dejando a ese 35% de permisos operando en todo el territorio en la disyuntiva de obtener recursos fuera del subsidio o perecer, especialmente frente a la digitalización, para la cual se deben invertir alrededor de 70 millones de pesos en equipo para cada emisora.

En estos meses aparece una propuesta de Ley de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, que no plantea un capítulo especial para los medios públicos, los asimila al régimen general si bien, contradictoriamente, introduce la figura de comunitarias. Abre la puerta a los anuncios en aras de permitir un mayor ingreso, con ello lanza a los medios públicos a la lucha por el mercado (sea de audiencia, sea de publicidad) y puede hacer que caigan en esa lógica y se desvirtúe su función.

Sin embargo, con todas las críticas que merece, dicha reglamentación se vuelve de avanzada al compararla con la creación –por decreto– del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Expresión de una forma de gobernar sin los gobernados, excluyendo la discusión en las cámaras, con los ciudadanos, con los expertos. Así modificó Vicente Fox el 12.5% y cedió a los concesionarios el tiempo estatal.

Si bien los medios públicos no son autónomos pues obedecen a los dictados del régimen en turno, la pluralidad política del país genera mayor diversidad y mensajes provenientes de diferentes regiones, personajes, productores. Y lo más importante, que tengan un perfil propio, elaborado en el Estado o la instancia administrativa que los controle.

Centralizar la producción de contenidos e imponerlos, como ya ocurre en tiempos electorales, es una forma de imputar el poder federal sobre los locales y de inmiscuirse en asuntos que no están dentro de su competencia.  Se pasa por encima de la autonomía de los estados, de las universidades y de todo organismo descentralizado.

Es una forma de dictadura. Enfrentarse a ella y cómo hacerlo es el desafío mayor que tienen hoy los medios públicos para subsistir como tales.