MÉXICO, D.F., 7 de mayo (apro).- Aparte de los delitos por los que fue sentenciado a 112 años de prisión, Ignacio Del Valle, el principal  dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) carga a cuestas con siete órdenes de aprehensión en su contra.

Así lo dio a conocer hoy María Trinidad Rodríguez, esposa del activista que apenas ha compurgado cuatro años de cárcel, quien añadió que de ello se enteró apenas el pasado lunes 3, por lo que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la promoción del amparo interpuesta de manera “honesta y apegada a la verdad”.

En el curso de la próxima semana, la Corte decidirá, en efecto, si concede o niega el amparo a los 12 presos por el caso Atenco. En caso de ocurrir lo primero, podrían recuperar la libertad.

“La Corte debe impartir justicia; el caso de Atenco está plagado de irregularidades (…) no han dado un tiempo, sólo han dicho que va a ser pronto, pero no dan un tiempo exacto”, declaró Trinidad a W Radio.

La activista también denunció que en las últimas semanas ha tenido problemas para comunicarse con su esposo, pues “me han negado tres llamadas y dos días antes de iniciar la llamada se descompone (el teléfono) y dos días después otra vez está bien, eso ya es intencional”, dijo.

El pasado 30 de abril, Catalina González Rosas, esposa de Felipe Álvarez, otro de los líderes del FPDT, informó que cuando acudió al penal de máxima seguridad del Altiplano, su esposo le dio a conocer que había sido notificado de nuevas órdenes de aprehensión, junto con Del Valle y Héctor Galindo.

Al respecto, Leonel Rivero, abogado de los dirigentes, dijo que desconocía los nuevos delitos que se les imputaban y de cuándo datan esas órdenes de aprehensión, que se sumarían a las nueve ya existentes.

Ayer, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Baruch Delgado Carvajal, reconoció que si bien para la justicia estatal el caso Atenco ya está concluido, éste aún no se encuentra cerrado, ya que en este momento se encuentra ante la SCJN, que revisa la determinación emitida por los jueces de la entidad.

“En principio es un tema que ya ha pasado por los jueces, y las salas del Tribunal del Estado de México ya emitieron una resolución; ahora está en manos de la Corte el análisis y los aspectos procesales del fallo que se emitió”, expresó.

El magistrado mexiquense destacó que la resolución que se dictó respecto del caso Atenco es definitiva para la justicia local, pero todavía los mexicanos tienen una garantía adicional que es el juicio de amparo directo, un mecanismo procesal para que se haga una revisión de la legalidad y constitucionalidad de los actos jurisdiccionales que emiten los poderes judiciales de las entidades federativas.

“Vivimos en un sistema de doble jurisdicción en el país y la jurisdicción local ya concluyó el análisis de estos temas con la sentencia que dictan los jueces y con la resolución del recurso de apelación que emiten las salas cuando conocen de la segunda instancia”, añadió Delgado.

Y precisó que varios jueces fueron los que tuvieron conocimiento de este caso, ya que se inició en Almoloya de Juárez, donde se emitieron algunas resoluciones, y terminó en el juzgado primero penal de Texcoco.

Así, será la SCJN la que revise si a los acusados se les dio una garantía de audiencia, si se cumplió con el debido proceso penal, si la pena que establece la ley es aplicable para los hechos que les atribuyen o si se les hizo una correcta individualización de la pena.

Los tres dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, presos en el penal del Altiplano, fueron sentenciados a 112 años de prisión, el primero, y 67 años los otros dos.

El pasado domingo 2, habitantes de San Salvador Atenco realizaron diversas actividades para conmemorar el cuarto aniversario por la represión y la detención de los dirigentes del FPDT, 12 de los cuales continúan presos: nueve en la cárcel de Molino de Flores y tres en el Altiplano.

Desde temprana hora, numerosos atenquenses acudieron a los campos de cultivo en el cerro de Huatepec, donde reclamaron la libertad de los presos y adornaron con flores rojas y blancas la cruz de 15 metros de alto que colocaron hace tres años en memoria de sus compañeros caídos: José Enrique Espinoza Juárez, en 2002, y Alexis Benhumea y Javier Cortés en 2006.