Calderón ignora recomendaciones sobre indígenas abusadas por militares: CEJIL

viernes, 11 de junio de 2010

MÉXICO, D.F., 11 de junio (apro).- El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, por sus siglas en inglés) acusó hoy al gobierno del presidente Felipe Calderón de incumplir con los tratados y acuerdos internacionales, particularmente en el caso relacionado con la violación sexual de la que fueron objeto, en 1994, tres indígenas tzeltales por parte de elementos del Ejército.

En un comunicado, el CEJIL destacó que a pesar de que desde el año 2001 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado mexicano enviar a la jurisdicción civil las investigaciones del caso, a la fecha siguen en la Procuraduría de Justicia Militar, sin que haya una sanción para los responsables.

Y detalló que en el contexto del estallido armado en Chiapas, las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez, así como la madre de éstas, Delia Pérez, todas de origen tzeltal, fueron detenidas arbitrariamente el 4 de junio de 1994, en un retén militar colocado en el municipio de Altamirano, “con  el objetivo de ser interrogadas y hacerlas confesar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)”.

Ante el abuso sexual del que fueron objeto, agrega, las jóvenes buscaron justicia en México, pero frente a la infructuosa respuesta de las autoridades, solicitaron –el 16 de enero de 1996– la intervención de la CIDH, con el respaldo del CEJIL, y responsabilizaron al Estado mexicano por “la detención ilegal, violación, tortura y falta de investigación, pero también reparación del daño a las indígenas tzeltales”.

En la descripción del proceso internacional, la organización resalta que la CIDH admitió el caso el 19 de noviembre de 1999, y en abril de 2001 emitió el informe 53/01, en el que concluyó que “el Estado mexicano había violado los derechos a la integridad personal, la protección de la honra, la dignidad y las garantías judiciales” de las hermas González Pérez y su madre.

La CIDH no pudo demandar al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CoIDH), toda vez que México reconoció la competencia contenciosa del tribunal interamericano en 1998, cuatro años después de los hechos y dos después de la denuncia.

Sin embargo, en su informe la CIDH recomendó al Estado mexicano “investigar el caso de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria, y reparar adecuadamente a Ana, Beatriz y Celia González Pérez, así como a su madre Delia Pérez de González, por las violaciones de derechos humanos de las que fueron víctimas”.

En respuesta, en abril de 2001 el gobierno mexicano, encabezado por Vicente Fox, informó al organismo interamericano que “de acuerdo con la legislación del país, el caso se investigará en la Justicia Militar”.

Ocho años después, el gobierno de Felipe Calderón notificó a la CIDH, el 12 de noviembre de 2009, que mantenía su compromiso de esclarecer los hechos y que repararía los daños en cuanto concluyera el trámite penal.

El 16 de  diciembre de 2009, las peticionarias informaron que el 21 de mayo del mismo año “se desahogaron las últimas diligencias dentro de la investigación penal militar, con la finalidad de que esa autoridad remitiera la investigación al fuero ordinario para la continuación de las investigaciones”.

De acuerdo con el CEJIL, a pesar de que en una reunión de trabajo –realizada el 11 de marzo de 2008– se acordó que una vez acabadas las diligencias en el fuero militar serían transferidas a la justicia civil, hasta la fecha son los militares quienes mantienen el control de la indagatoria.

Y tras recordar que el caso de la violación contra las hermanas tzeltales, por parte de elementos del Ejército Mexicano,  fue el primero en el que la CIDH recomendó a México realizar las investigaciones en el fuero ordinario, la organización internacional resalta que este año la CoIDH emitirá sentencia sobre otras dos situaciones similares ocurridas en Guerrero.

Se trata de las violaciones sexuales cometidas contra Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ocurridas en 2002.
Las audiencias de esos casos se desahogaron en la CoIDH el 15 de abril y el 27 de mayo de este año, respectivamente.

Y en este caso, al igual que el de las hermanas tzeltales, la CIDH recomendó que las indagatorias las siguiera la justicia ordinaria, sin embargo, aún se mantienen en el fuero militar, lo que motivó que la Comisión demandara al Estado mexicano ante el máximo tribunal interamericano.

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