MÉXICO, D.F., 14 de junio (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exigió al gobierno federal una explicación y una disculpa pública hacia las personas detenidas y maltratadas durante el operativo que efectivos de la Secretaría de Marina realizaron la semana pasada en la colonia Roma.

En dicho operativo, los marinos detuvieron a cuatro personas y aseguraron 20 kilos de “alto explosivo” que, luego de ser sometido a rigurosos análisis por peritos de la Procuraduría General de la República (PGR), resultó que eran sustancias para la elaboración de velas.

Por esa razón, los detenidos tuvieron que ser puestos en libertad.

En un comunicado, la CDHDF expresó su “enérgico rechazo” al operativo de la Secretaría de Marina (Semar) el pasado 9 de junio en la colonia Roma, donde supuestamente aseguró más de 20 kilogramos de explosivos.

La Comisión señaló que se violentaron los derechos humanos de los cuatro ciudadanos detenidos ese día, ya que se les expuso públicamente como presuntos delincuentes y se les maltrató, aunque después resultó que no habían cometido ningún delito. Por si fuera poco, señaló que después de ser liberados ninguna autoridad federal se hizo responsable de las vejaciones que padecieron.

Ante tal situación, la CDHDF demandó al gobierno federal y las instancias federales involucradas una explicación y la disculpa hacia las personas que fueron detenidas y maltratadas sin haber cometido delito alguno.

“Valoramos el esfuerzo federal en contra de la delincuencia organizada, pero ello no debe traducirse, de manera alguna, en la violación a los derechos humanos de las y los mexicanos”, expresó.

Para la CDHDF la ejecución de dicho operativo por parte de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de Marina pasó por alto el respeto a los derechos humanos de ciudadanos que fueron detenidos, esposados e incomunicados sin mandamiento judicial alguno.

Según el organismo defensor de los derechos humanos, el operativo evidenció serias contradicciones en los mandos de seguridad pública del gobierno federal, no sólo en la forma, sino en la manera de incursionar en el Distrito Federal para detener a presuntos delincuentes.

La Semar difundió ampliamente el “éxito” de su operativo en la capital mexicana, donde habría decomisado 20 kilogramos de explosivo C-4, “como resultado del intercambio de datos con agencias de información de Estados Unidos de América y del trabajo de inteligencia naval”.

Sin embargo, un día después la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales Ibáñez, sostuvo que de acuerdo con un dictamen, se trataba de glicerina, ácido nítrico y parafina (materiales para elaboración de cremas), y que no correspondía a ningún tipo de material explosivo.

De acuerdo con fuentes periodísticas, voceros de la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) negaron que la dependencia haya proporcionado la información a la Armada de México o que hubiera sido consultada por el gobierno mexicano para llevar a cabo el operativo.    

En sí, la gravedad del asunto lo reviste la contradicción, la desinformación y la tergiversación de los hechos entre instancias federales que se supone debieran velar por la seguridad de las y los gobernados, señaló la Comisión.

“Situaciones de esta naturaleza, donde nadie asume la responsabilidad de este ‘operativo’ ni hay sanciones para quienes cometieron abusos contra las cuatro personas detenidas, nos colocan en un estado de indefensión”, advirtió la CDHDF.