El ataque del jueves 10 al centro cristiano Fe y Vida de la ciudad de Chihuahua, donde un grupo de sicarios ejecutó a 19 jóvenes que recibían terapia de desintoxicación y rehabilitación, reavivó el miedo entre los ciudadanos y los directivos de esos refugios, que prácticamente son atacados por sistema desde 2008. De hecho, se tiene registro de que en varias ocasiones se ha dado aviso a la policía de las constantes amenazas lanzadas contra los internos de dichos centros.

MÉXICO, D.F., 14 de junio (Proceso).- El 17 de abril pasado, un grupo armado llegó al centro cristiano Fe y Vida, ubicado en la ciudad de Chihuahua. Sus integrantes, portando fusiles R-15, iban a bordo de una camioneta blanca y de una motocicleta roja. Penetraron en el inmueble –donde más de una veintena de drogadictos reciben terapias de desintoxicación y rehabilitación– y se llevaron a una pareja que ese día participaba en un velorio. Desde entonces nada se sabe de los levantados.

A raíz de ese incidente, ninguna autoridad hizo nada para reforzar la vigilancia en esa y otras instituciones semejantes y proteger a los internos ante la amenaza de violencia de sicarios; incluso la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) dejó pasar los hechos, pese a las advertencias de que en otras localidades los ataques se han incrementado en los últimos meses y de que podrían llegar a esa ciudad.

Siete semanas después, el jueves 10 de junio por la noche, otro comando irrumpió en el centro Fe y Vida y acribilló a 19 internos, además de herir a otras dos personas que se encontraban ahí.

Alrededor de las 11 de la noche seis camionetas tipo Suburban se estacionaron frente al inmueble ubicado en la calle Tarahumara, esquina con Belisario Domínguez, en la colonia Villa Nueva, al norte de la ciudad. Eran más de 20 hombres armados los que descendieron de las unidades e ingresaron a la casa de rehabilitación, donde se encontraban 27 personas.

Los pistoleros se desplegaron por las habitaciones y dispararon contra todos. En la parte baja del edificio cayeron 15. Sorprendidos en una habitación, fueron obligados a tirarse bocabajo, sin camisa, sobre el piso de mosaico. Ahí recibieron las descargas. Sus cuerpos quedaron uno al lado de otro. Los otros cuatro fueron ejecutados en un cuarto del segundo piso.

Luis Raúl Sandoval Holguín y José Barraza o Rafael Parra Montes sólo quedaron heridos. Miguel Ángel Carbajal Sandoval, César Daniel Portillo Cota, Carlos Legarda Vega, Cristian Ramírez López –encargado del centro–, René Castillo Hermosillo –director general– y José Alonso Estrada Corrales –responsable de otro centro– resultaron ilesos.

Peritos de la PGJ encontraron en el lugar 184 casquillos calibre .223 percutidos y deflagrados; 22 calibre 7.62x51mm y cinco rastreos hemáticos, además de cuatro cartulinas blancas con mensajes escritos con marcador negro. De acuerdo con los estudios balísticos realizados en los laboratorios de criminalística local, en la agresión se utilizaron nueve armas de alto poder.

“Se concentraron decenas de patrullas de Seguridad Pública Municipal, del Centro de Inteligencia Policial (Cipol), ministeriales y del Ejército para acordonar la zona y evitar el ingreso de familiares de los internos, quienes al darse cuenta de la magnitud de la matanza, en medio de un llanto histérico buscaban confirmar si sus familiares se encontraban dentro del centro”, informó El Diario de Juárez el viernes 11.

La PGJ calificó la matanza como “el hecho más sangriento de que se tenga registro en la capital del estado”. Y el director operativo del Cipol, Saúl Hernández, atribuyó las ejecuciones a Los Mexicles –cuyos integrantes trabajan para el cártel de Sinaloa– con base en los narcomensajes que dejaron los sicarios en el lugar de la matanza.

Y aun cuando el funcionario omitió referirse al contenido, Proceso tuvo acceso a los mensajes: “Gente valiente, noble, no se dejen engañar por nadie. Murieron por que lo merecían, por sus acciones”, dice uno de ellos; “Esto es lo que les pasa a los cerdos, ratas, asaltantes, secuestradores, asesinos, violadores, extorsionadores. Pinches pendejos, cualquier idiota los engaña”, reza otro; “Todo lo hago a nombre de terceras personas porque mis superiores no son hombres. Cómo me arrepiento de creerles todas sus mentiras”, señala otro; “… Los escorias murieron porque, no conformes con matar mujeres, todavía las violan…”, sostiene el cuarto.

Doloroso recuento

La cadena de ataques a los Centros de Integración de Alcohólicos y Drogadictos, A.C. (CIAD) se inició la tarde del 1 de agosto de 2008 en Ciudad Juárez, cinco meses después de que el gobierno calderonista envió los primeros destacamentos policiaco-militares al estado de Chihuahua para combatir el crimen organizado.

Ese día, los 48 internos del CIAD número 6, ubicado en la colonia Anáhuac en esa ciudad fronteriza, estaban en una reunión cuando los pistoleros llegaron al centro en una camioneta Lobo y un coche oscuro. Eran las 16:45 horas. Descendieron cuatro hombres con capuchas y vestimenta negra, armados con pistolas .9 milímetros e irrumpieron en el edificio.

En el patio frontal rafaguearon a Lauro Alonso Alvarado Corona, de 30 años. Algunos internos corrieron, al tiempo que gritaban a sus compañeros para que se escondieran. Los sicarios no los persiguieron, se dirigieron directamente a las oficinas del director, Rafael Hurtado Beltrán, a quien localizaron en la sala. Ahí mismo lo ejecutaron.

Una vecina declaró que en ese momento pasó por la perimetral una camioneta de la Policía Federal pero siguió de largo, a pesar de que los vecinos le pidieron ayuda (Proceso 1663).

Desde entonces el CIAD número 6 cerró sus puertas. Lo mismo sucedió con el 4, ubicado en la colonia Salvárcar, luego de que, el 10 de agosto de ese año, un grupo armado llegó a sus instalaciones y amenazó con ejecutar a los internos si no salían de ahí de inmediato.

Una escena similar se registró dos días después afuera del CIAD número 8, en la colonia Cementera. Los internos escucharon un grito: “¡Cierran o se mueren, hijos de la chingada!”. La advertencia la hizo un hombre al pasar por el albergue a bordo de una camioneta roja. Llevaba el rostro descubierto, dijeron los testigos. Nadie lo tomó en cuenta.

El propio gobernador José Reyes Baeza minimizó los hechos. El 13 de agosto por la mañana, el mandatario visitó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH de Ciudad Juárez. Ahí, dijo ante los docentes e investigadores: “Las ejecuciones no trastocan la calma de los chihuahuenses”. Horas después, un comando irrumpió en el centro número 8 y ejecutó a nueve personas.

Ese 13 de agosto, a las 19:45 horas, Socorro García, la pastora del centro familiar Cristo Obra Bendición, oficiaba una ceremonia religiosa en el CIAD número 8 y cuando preguntó a los asistentes si había “algún valiente que quisiera pedir perdón a Dios, varios hombres levantaron la mano y se encaminaron al improvisado altar...”. Entonces empezó el ataque...

Cuatro hombres vestidos de negro y encapuchados entraron al recinto disparando ráfagas de metralleta contra las 29 personas presentes. El primero en caer fue Luis Ángel González Corral, de 18 años, quien estaba en la puerta de entrada; luego murieron otras ocho personas. La mayoría se tiró al suelo para protegerse de los disparos. Así lograron salvar sus vidas.

Los vecinos declararon que durante el ataque de los sicarios, un convoy con soldados de boina roja se encontraba a una calle del CIAD número 8 pero ninguno acudió a prestar auxilio a los sobrevivientes; tampoco los policías municipales, que se limitaron a acordonar la zona, comentó a Proceso en aquella ocasión la señora Guadalupe Corral Castillo, madre de Luis Ángel.

El 15 de agosto, dos días después, Armando Arturo Lerma, director de los Centros de Rehabilitación y Recuperación para Enfermos de Drogadicción y Alcoholismo (CRREDA) número 12, ubicado en la colonia Toribio Ortega, recibió una advertencia telefónica: “Cierran o se atienen a las consecuencias”, le dijeron. Apenas colgó el aparato, Lerma reunió a los internos y les anunció que el centro cerraba ese mismo día.

“A los que llegamos solos, nos abrió la puerta. Nos dijo que agarráramos nuestras cosas y nos fuéramos, que no arriesgaría a nadie. Junto con otros me fui a dormir a unas tapias que nos quedaban cerca”, relata uno de los desalojados. Además de éste, cerraron los otros cuatro CRREDA en Ciudad Juárez.

A partir de entonces los ataques a esas instituciones de beneficencia han sido la constante. El 2 de septiembre de 2008 le tocó al centro El Aliviane, ubicado en la colonia Bellavista, conocido como el picadero más grande en esta frontera, ubicado a sólo 200 metros de El Paso, Texas.

La Bellavista es uno de los territorios que controlan Los Aztecas, una banda de sicarios al servicio de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez. Ahí, en plena calle, cualquiera puede conseguir cualquier droga (Proceso 1716).

Ese día, la rutina para los internos de El Aliviane se inició a las 5:45 de la mañana. El terror comenzó a las 7:20 de la tarde:

La mayoría de los internos recibía su terapia en la sala de juntas, bajo la supervisión de Luis Gutiérrez, mientras el encargado de la ropería y el custodio de los dos perros adoptados por el centro, así como los vigilantes, se encontraban en el patio cuando escucharon el alboroto que provenía de la calle. Gutiérrez trató de calmar a los internos: “No se muevan, continúen en lo que están”, les dijo.

Un hombre apareció en la puerta y los encañonó con un arma larga. Alto, de complexión regular, vestido con pantalón de mezclilla y chaleco, casco y capucha negros, ordenó: “¡Hijos de su pinche madre! ¡Salgan todos al patio y no me miren!”. Ahí los esperaban otros dos encapuchados. Uno de los sobrevivientes contó que se encomendó a Dios al escuchar las primeras ráfagas.

“Mis piernas estaban calientes. Caí al suelo y mi cabeza quedó dentro del dormitorio. Cuando dejaron de escucharse las detonaciones me metí debajo de una cama. Un compañero se iba arrastrando detrás de mí. Le pedí que me estirara la pierna izquierda que tenía encogida, pero no pudo ayudarme porque también estaba mal herido.”

Cinco minutos después, la angustia y el terror se apoderaron nuevamente de ellos, cuando vieron asomar una metralleta por la puerta del dormitorio. Uno de los agredidos identificó a los gatilleros. Eran Los Carnales, una célula de Los Aztecas, dijo a Proceso en esa ocasión.

El gobierno del estado reportó 17 muertos en el lugar e identificó a Fernando Ramos, Andrés Quintero, Abraham Portillo, David Meléndez y Cristóbal González como los únicos sobrevivientes. Cristóbal falleció poco después.

Días más tarde, el 15 de septiembre, el gobierno federal decidió retirar a los 2 mil 500 militares que durante seis meses tomaron el mando de las corporaciones de seguridad en Ciudad Juárez. La noche de ese mismo día, durante el Grito de Independencia, un comando atacó el centro de rehabilitación Anexo de Vida, ubicado en la colonia El Papalote. En esa misma ciudad.

La policía recibió una llamada de auxilio a las 11 de la noche. Al llegar, los agentes encontraron abierto un portón metálico, el único acceso al local, una vecindad acondicionada como internado. En cuanto se escucharon los primeros disparos, El Yezca y El Güero, integrantes de Los Aztecas, “brincaron de a madres y corrieron para esconderse atrás de un carro azul”.

En el patio tropezaron con el cuerpo de Héctor Amaro, El Grande. A pocos metros yacía el director, José Hiram Ortiz. Metros adelante estaba el cadáver de Carlos Macías, El Charly. En el piso quedó Eduardo Villalobos, El Zenox; cerca de él, en su cama, Rafael Trejo.

En una de las dos recámaras del fondo de Anexo de Vida estaban Francisco Arreola, El Pancho, y Javier Gutiérrez, El Paco; en la otra estaban Graciela Ochoa y Gisela, la única mujer fallecida en el ataque. El interno Gerardo García y el médico del Anexo, Luis Orozco, fueron encontrados en otra habitación.

Violencia envolvente

Entrevistados por Proceso vía telefónica el viernes 11, directores de dos CIAD de Chihuahua, quienes optaron por el anonimato, afirman que desde que el Centro número 6 de Ciudad Juárez fue atacado en agosto de 2008 los invade una “sensación de miedo”.

Admiten que hasta hace poco estaban tranquilos porque la violencia se concentraba en el territorio juarense. Pero las cosas cambiaron en los últimos días, dicen, con la ejecución de los internos en las instalaciones de Fe y Vida. “No existe un lugar seguro”, sobre todo porque las autoridades “ignoraron” las amenazas que en diversas ocasiones reportó el director del centro, dice uno de los entrevistados.

El panista Jorge Espino Balaguer, diputado local, emitió un comunicado la tarde del mismo viernes 11 en el que coincide con los dos directivos: “El centro de rehabilitación Fe y Vida recibió amenazas, pero nunca fueron escuchadas”, escribió. Y conminó al titular de la Coordinación Estatal de las Adicciones, Antonio Trespalacios Guerrero, a dejar el cargo “si no puede con él”. Y subrayó: “Los directivos de Fe y Vida pidieron ayuda al funcionario, pero fueron ignorados”.

Una semana antes de la matanza, internos de ese centro participaron en un video musical a petición de Kiro Ducos, un reggetonero de origen puertorriqueño. Para la grabación, el cantante buscó un sitio que mostrara los conflictos relacionados con la violencia con el objeto de concienciar a los jóvenes para que lleven una vida mejor.

Ducos subió al sitio Youtube un videoclip de 20 segundos titulado La vida me patea, en el que él está en primer plano. Nueve de los internos de Fe y Vida aparecen al fondo.

 –Aquí estamos mi gente con el corillo, con los hermanos del Centro Fe y Vida, dice Ducos en la introducción.

–¡Bien, mi gente! ¿Quién vive? –pregunta, volviéndose al grupo de internos del centro que están detrás de él, vestidos sólo con pantalón. Algunos lucen su pecho tatuado:

–¡Cristo! –responden todos a coro.

–¡Digan su nombre! –vuelve a pedir.

–¡Gloria! ¡Gloria! –responden.

–Aquí estamos filmando el video Conciencia. Va a ser un éxito para la gloria de nuestro Rey. Chequéenlo (sic) pronto –concluye el reggetonero.

Hoy, los internos de Fe y Vida están muertos. Son parte de la estadística de la violencia que envuelve cada día a más municipios chihuahuenses. Desde agosto de 2008 han caído más de 6 mil personas en Ciudad Juárez, y la ola no sólo no se detiene pese al despliegue policiaco-militar, sino que ya llegó a la capital de Chihuahua.