Presiones contra la Corte; insiste Zaldívar en sancionar a Horcasitas

lunes, 14 de junio de 2010

MÉXICO, D.F., 14 de junio (apro).- A pesar de las presiones del gobierno de Felipe Calderón, el ministro Arturo Zaldívar aseguró que los funcionarios públicos involucrados en la tragedia de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, deben responder ética y políticamente por los 49 niños muertos y los 104 lesionados, algunos de ellos con daños irreversibles.

Con la amenaza de que se cancele la señal abierta del Canal Judicial, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comenzó el lunes la discusión del dictamen que señala a 14 funcionarios federales, estatales y municipales implicados en el incendio de la estancia infantil, el 5 de junio del año pasado.

Uno de los señalados es el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien además de un intenso cabildeo realizado desde fines de mayo entre los ministros de la Corte, la semana pasada advirtió al titular del Canal Judicial, Enrique Rodríguez, que la SCT revisaría el permiso que tiene para sus transmisión abierta.

Único canal de su tipo en el mundo con señal abierta, el Canal Judicial tiene cuatro años de transmitir en vivo las sesiones del pleno, en lo que la propia Corte presenta como una forma de transparencia del Poder Judicial.

Las presiones gubernamentales no paran ahí. A partir de este lunes, el IMSS canceló la guardería número 48 en la ciudad de México, destinada desde hace 20 años para el cuidado de las madres periodistas. El IMSS adujo razones de seguridad para la cancelación del servicio que beneficiaba a 80 niños.

En la primera sesión del máximo tribunal para discutir el dictamen presentado el pasado día 3, el ministro Zaldívar insistió en que en el incendio hubo grave violaciones a los derechos humanos por las acciones y omisiones de las autoridades del IMSS, el anterior gobierno de Sonora encabezado por Eduardo Bours y la ex presidencia municipal de Hermosillo, a cargo de Eduardo Gándara Camou.

A un año de la tragedia, por la que no hay ningún funcionario encarcelado, Zaldívar aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder”.

La tragedia “es una enorme injusticia y una clara y gravísima violación a los derechos fundamentales” porque “pudo ser evitada” si las autoridades hubieran cumplido con su deber… No basta con el pésame. Es necesario que haya consecuencias”, dijo Zaldívar, quien en diciembre pasado reemplazó al ministro Genaro Góngora Pimentel, que pasó a retiro.

“Es momento de que esta Suprema Corte envíe un mensaje claro a la sociedad de que nuestro  país debe dejar de ser un lugar en donde todo pasa y no pasa nada; en el que suceden cosas muy graves y no hay consecuencias; en el que pueden morir 49 niños quemados por negligencias de las autoridades y no hay responsables”.

Prosiguió: “Si la muerte de 49 niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?”.

En respuesta a los señalamientos públicos de Molinar Horcasitas de que le era “humanamente imposible” estar al tanto de la operación de cada una de las guarderías, el ministro aclaró que no se trata de que los funcionarios público vigilen todos y cada uno de sus subordinados, sino de las fallas por acciones u omisiones de la organización que encabezan. 

Precisó que los servidores que tienen a su cargo las dependencias, entidades y organismos del poder público “son responsables de las fallas graves que se cometan en las instituciones que están bajo su titularidad”.

Aunque la resolución de la Corte no es vinculante, Zaldívar sostuvo que tiene consecuencias éticas y políticas, “como censura de la gravedad” de esas violaciones y como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esa índole no se repitan.

En este caso, precisó, “es una censura constitucional, política y ética de los funcionarios púbicos responsables”, ante la necesidad de reparar el daño y aclarar que un cargo público más que un privilegio es una responsabilidad.

Bajo el principio de que “sería irresponsable no señalar responsables”, reiteró lo señalado en su dictamen: son 14 los funcionarios involucrados; seis del IMSS, cinco del gobierno de Sonora y tres del Ayuntamiento de Hermosillo.

Previamente, el pleno de ministros determinó que los ministros Fernando Franco Guzmán y Sergio Vallas Hernández no estaban impedidos de participar en la discusión. Franco argumentó que su hermana trabaja en el área de guarderías del Seguro Social, en tanto que Valls Hernández fue subdirector y director jurídico de la institución entre 1993 y 1999.

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