MÉXICO, D.F., 15 de junio (apro).- La Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH) advirtió de un “aumento de la violencia” en San Juan Copala, Oaxaca, debido a que los gobiernos federal y estatal han incumplido su obligación de acabar con el cerco tendido por paramilitares vinculados al PRI sobre esa población.
    En un comunicado fechado en Barcelona, España, la CCODH recordó que en su informe de 2007, sobre los acontecimientos violentos en Oaxaca, detectó la existencia de “una estrategia jurídica, policíaca y militar (…) cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista”.
    La organización resaltó que a más de un mes de los asesinatos de los activistas Beatriz Cariño y Jyri Jaakkola –el 28 de abril--, y de que el presidente Felipe Calderón se comprometió –en la Cumbre de Madrid-- a esclarecer los crímenes, hasta ahora “no se ha producido ninguna actuación que permita confiar en que así ocurrirá, ni por parte de las autoridades de Oaxaca ni por parte de las autoridades federales”.
Hace una semana, fracasó el segundo intento de “romper” el cerco en San Juan Copala. La caravana que encabezó esta vez el diputado federal Alejandro Encinas no pudo ingresar a la comunidad por la falta de garantías de seguridad.
A una semana del fallido intento, agregó el organismo internacional, las autoridades no han respondido a su obligación de “brindar protección y seguridad a una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria para hacer llegar los suministros y romper el cerco al que está sometido, de forma violenta y armada, el municipio autónomo (sic) en defensa de su derecho reconocido a organizarse”.
    Para la CCIODH lo ocurrido en San Juan Copala es parte de “un patrón de control y amedrentamiento (…) por parte de organismos del Estado, cuya obligación es la contraria: hacer respetar los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución mexicana y las normas internacionales”.
    Apuntó que de acuerdo con su trabajo de observación en México, lo ocurrido en San Juan Copala es similar a casos denunciados por CCIODH en Chiapas y en San Salvador Atenco, Estado de México, “lugares en los que se combaten los procesos de autonomía legítimos y pacíficos mediante la represión directa o mediante la actuación de grupos paramilitares protegidos y amparados por las autoridades”.
    En el documento la Comisión resaltó que “esta situación explosiva anuncia un aumento de la violencia que impide, al no tratar las causas de los conflictos, llegar a acuerdos que permitan una solución justa y dialogada”.
    Por último, la organización internacional advirtió de la responsabilidad que tienen las autoridades federales y estatales, para garantizar que instituciones internacionales participen en el rompimiento del cerco paramilitar sobre San Juan Copala, como lo solicitaron recientemente las autoridades autónomas.