MEXICO, DF, 15 de junio (apro).- El gobierno de Felipe Calderón “no tiene voluntad política para dar cumplimiento a la sentencia” que emitió hace seis meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por la desaparición, tortura y homicidio de tres mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, acusó la abogada Karla Michel Salas, representante de los familiares de las víctimas.
    Salas Ramírez, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), también forma parte del equipo legal de los familiares de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, cuyos cuerpos fueron localizados sin vida en noviembre de 2001 en la zona conocida como Campo Algodonero.
    La abogada informó que el 14 de junio los representantes de las víctimas enviaron a la CoIDH un informe sobre la resistencia del gobierno mexicano para cumplir la condena.
En particular, se destacó “la negativa a reencauzar la investigaciones de los homicidios para sancionar a los responsables; se niegan a abrir investigaciones contra 26 funcionarios responsables de los errores en las indagatorias, así como contra otros servidores públicos que amenazaron a familiares”.
    En el documento, que también avalaron el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer y la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, se pide asimismo la intervención del máximo tribunal interamericano ante el gobierno de Felipe Calderón para que informe sobre cinco resolutivos de la sentencia a los que se tendría que dar cumplimiento en los primeros seis meses después de difundirse el 10 de diciembre anterior.
    Las organizaciones piden a la CoIDH que, de ser necesario, “proporcione instrucciones al Estado mexicano para los efectos del cabal cumplimiento de toda la sentencia, a fin de dilucidar aspectos sobre los cuales pudiese existir controversia entre las partes relativos a la ejecución e implementación de las reparaciones”.
    Hasta ahora, advierten las ONG, el Estado mexicano sólo ha acatado uno de los cinco puntos del fallo: se trata de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación; en un periódico de circulación nacional y otro de Chihuahua, así como en la página de Internet de la Secretaría de Gobernación (Segob).
    Sin embargo, en los tres resolutivos que tienen que ver con el acceso a la justicia, no hay avances.
Son temas pendientes, la creación de una página web en la que se incluyan los nombres de las mujeres, jóvenes y niñas desaparecidas en Chihuahua desde 1993.
Además, se brinde atención médica, psicológica o psiquiátrica gratuita a 22 familiares de las tres víctimas de Campo Algodonero.
    La abogada Salas Ramírez señaló que fue hasta febrero de este año que el Estado mexicano convocó a los familiares de las víctimas y a sus representantes para analizar los mecanismos de cumplimiento de la sentencia, que involucra la participación de los gobiernos, federal, estatal y municipal.
    Sin embargo, agregó, “desde la primera reunión hasta la última, efectuada el 17 de mayo, lo que hemos visto es una total descoordinación de los funcionarios convocados por la Segob; éstos alegan que no hay recursos para cumplir la sentencia, así como la falta de una ley a nivel nacional que les obligue a cumplir, lo que es mentira, según lo ha informado el propio expresidente de la CoIDH, Sergio García Ramírez, en distintos foros”.
    Salas Ramírez apuntó que los familiares y representantes están “sumamente preocupados de que en asuntos que no son complicados, como el de la atención de salud para los familiares, no hay voluntad para que se brinde la atención, entonces ¿qué podemos esperar de resolutivos de la sentencia que tienen un grado de complejidad mucho mayor?”.

Memorial, pendiente

Entre los puntos que la propia CoIDH dio plazos más amplios para su cumplimiento, destaca la aplicación de protocolos internacionales para investigar casos de desaparición de niñas y mujeres, mecanismos que involucran a autoridades de todos los niveles.
También, la creación de una base de datos con información genética de familiares de niñas y mujeres desaparecidas a escala nacional y la construcción de un Memorial de víctimas de homicidio por razón de género.
    “Para los familiares y los representantes lo más importante es la justicia, un asunto que la propia CoIDH señaló que debería ser cumplido de manera inmediata, y que tiene que ver con las propias investigaciones de los crímenes, pero también con el castigo a funcionarios responsables de la negación de la justicia y de aquellos que amenazaron a familiares”, resaltó Salas.
    Sostuvo que se tomó la decisión de enviar a la CoIDH un primer informe sobre el avance del cumplimiento de su sentencia “porque no queremos que una vez que se cumpla el año de que se emitió la condena, como está establecido, el gobierno mexicano simplemente haga promesas de que va a acatar los resolutivos.
“Lo que pedimos a la Corte –insistió la integrante de la ANAD-- es que intervenga para que obligue al Estado a mexicano a que cumpla con sus responsabilidades internacionales y acabar de una vez por todas con la impunidad”.