Denuncian deudos de Pasta de Conchos ser víctimas de extorsiones

miércoles, 16 de junio de 2010

SALTILLO, Coah., 16 de junio (apro).- La organización civil Familia Pasta de Conchos (FPC) denunció que varios de sus integrantes han sido víctimas de extorsión en los últimos días.

En un comunicado, FPC, que agrupa a más de 600 familiares de los 65 trabajadores que perdieron la vida tras la explosión en la mina, el 19 de febrero de 2006, señalaron que voces anónimas les ha pedido de 7 a 10 mil pesos, a cambio de no tomar represalias en su contra.

En entrevista telefónica con APRO, desde el campamento del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ubicado en el Zócalo de la Ciudad de México, la activista Cristina Auerbach Benavides advirtió que la identidad de las personas que han recibido tales llamadas se mantendrá en el anonimato, debido al temor de una eventual agresión.

La activista dijo que dichas llamadas pueden venir del gobierno federal o, bien, del crimen organizado.

Ello, dijo, porque además de los conocimientos técnicos que muestran, también se han hecho llamadas a deudos de otros siniestros carboneros que recientemente se han dado a conocer en medios de comunicación.     

“La FPC condena estos actos de intimidación que violentan profundamente a las familias víctimas de los siniestros en los pocitos. Se han interpuesto las denuncias en el ámbito internacional, en donde se litiga cada uno de los casos, y se continuará con los procedimientos para poner fin a este caudal de muerte y sufrimiento”, agregó Auerbach.

En el comunicado, FPC criticó las declaraciones del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien ayer afirmó que siempre ha estado al pendiente de “las 65 viudas de Pasta de Conchos”, y que comisionaría al secretario de Gobierno, Armando Luna Canales, para atender las inconformidades.

“Sordos a lo más elemental, desde hace cuatro años continúan repitiendo el estribillo. Nunca fueron 65 viudas, son más de 615 familiares afectados, entre ellos 63 viudas”, se lee en el comunicado.

Y añade que “ningún familiar, ningún organismo defensor de derechos humanos y ningún sector de la sociedad le pidió (a Moreira) que nombrara a un funcionario para atender el caso de Pasta de Conchos”, pues su gobierno carece facultades para intervenir por ser de ámbito federal.

Asimismo, exige al mandatario estatal que muestre el documento en el que presuntamente la Dirección General de Minas ordenó el desalojo de Pasta de Conchos.

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