Militares deben abstenerse de indagar abusos a civiles: HRW

jueves, 17 de junio de 2010

MÉXICO, DF, 17 de junio (apro).- La justicia castrense “no debe investigar ni un solo caso más de supuesto abuso militar contra civiles”, exigió José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch (HRW).

Luego de conocer la recomendación de la CNDH contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en que se responsabiliza a militares de la muerte de los niños Martín y Bryan Almanza Salazar en hechos ocurridos el 3 de abril en Tamaulipas, el representante de HRW dijo que “resalta la necesidad de dejar de confiar en el Ejército para que investigue sus propios abusos”.

Vivanco sostuvo que las conclusiones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos “revelan hasta qué punto los militares están dispuestos a distorsionar los hechos para protegerse”.

El miércoles pasado, el ombudsman nacional Raúl Plascencia denunció que la muerte de los menores fue resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del Ejército Mexicano, y no de un “tiroteo cruzado” con miembros de la delincuencia organizada, como sostuvieron la Secretaría de Gobernación (SG) y la propia Sedena.

Plascencia Villanueva incluso fue más allá al señalar que “los militares involucrados –elementos del tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento– alteraron y manipularon el lugar de los hechos para justificar una legítima defensa, lo cual es inadmisible para la CNDH”.

También dijo que en la investigación que realizó la CNDH hubo obstáculos de parte de servidores públicos de la Sedena y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Por cierto en un informe de Human Rights Watch, denominado Impunidad militar, se demostró que los soldados mexicanos que cometen violaciones graves de derechos humanos no están siendo debidamente investigados y sancionados, en gran parte debido a que la mayoría de los casos son investigados y juzgados por los propios militares, mediante un sistema de justicia castrense que carece de garantías básicas de independencia e imparcialidad.

En tanto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó, en noviembre de 2009, que México reformara su Código de Justicia Militar, de tal forma que excluyera los casos de violaciones de derechos humanos de la competencia de los tribunales militares. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón aún no ha concretado esta decisión.

“Este caso es el ejemplo más claro de por qué México necesita actuar de inmediato para implementar la decisión de la Corte Interamericana”, señaló Vivanco.

“Los agentes del Ministerio Público del fuero federal deben investigar a quienes son responsables de las muertes de estos niños y tomar medidas para juzgarlos”, puntualizó HRW.

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