MÉXICO, D.F., 2 de junio (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tipificó hoy la charlatanería como delito, debido a que, argumentó, es un “engaño fraudulento que se da en la falsa oferta de realizar adivinaciones, evocaciones o curaciones”.

Con dicha resolución, los ministros validaron un artículo del Código Penal de San Luis Potosí que sanciona a quien para obtener un lucro indebido "explota las preocupaciones, las supersticiones o la ignorancia de las personas, por medio de supuestas evocaciones de espíritus, adivinaciones o curaciones u otros procedimientos carentes de validez técnica o científica"

La Primera Sala de la SCJN negó un amparo promovido por los “curanderos” Felipe Islas Badillo e Isabel y Lucía Martínez, acusados en 2008 de participar, en esa entidad, en un grupo conocido como los Hermanos Kendall.

Y es que los Hermanos Kendall, que se ostentaban como “curanderos”, obtuvieron casi 600 mil pesos de varias víctimas en San Luis Potosí, a quienes proporcionaban bebidas e infusiones y les decían que su dinero "estaba malo" y tenían que deshacerse de él.

En su amparo, los tres acusados alegaban que la redacción del código potosino era confusa y podía afectar prácticas legítimas como la medicina naturista o la homeopática, así como limitar las creencias espirituales.

Sin embargo, en su sentencia el ministro Arturo Zaldívar rechazó el argumento al señalar que "el objeto de la prohibición no está enfocado a la práctica espiritual o ideológica en sí misma, sino al engaño fraudulento que se da en la falsa oferta de realizar adivinaciones, evocaciones o curaciones, que tiene como consecuencia un traslado patrimonial al explotar las preocupaciones, supersticiones o ignorancia de la víctima, causándole un detrimento en su patrimonio".

La Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí acusó a diez personas por el fraude, pero sólo tres fueron declaradas culpables y condenas a ocho años de cárcel por una juez de Matehuala.

La sentencia fue confirmada en junio de 2009 por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y en noviembre pasado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.