MEXICO, DF, 7 de junio (apro).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos  (OACNUDH) exhortó al gobierno de Felipe Calderón a garantizar la integridad de la periodista física de la perioista Lydia Cacho, así como de la de sus colaboradores en el Centro Integral de Atención a la Mujer (CIAM) de Cancún, Quintana Roo.

La OACNUDH informó, en un comunicado, que personal a su cargo se reunió en Cancún con los colaboradores del CIAM para documentar las denuncias “de agresiones y campañas de desprestigio atribuidas a autoridades locales, en particular, a elementos de la policía municipal”.

La semana pasada, Cacho Ribeiro denunció dos hechos de agresión: primero, policías municipales amagaron con ingresar de manera violenta al CIAM para llevarse a una mujer, esposa de un uniformado y, días después, fueron detenidas dos empleadas del Centro Integral que acompañaron a una madre maltratada a recoger a su hijo.

Ante el acoso contra la activista, Naciones Unidas pidió al gobierno mexicano reforzar la aplicación “de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que buscan garantizar la integridad de la defensora de derechos humanos y del personal del CIAM”.

Alberto Brunori, representante de la OACNUDH, alertó  que las agresiones en contra de los defensores de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos “acentúan la vulnerabilidad con la que realizan su trabajo”.

Recordó que en el informe Defender los derechos humanos, entre el compromiso y el riesgo, la ONU destaca que “las defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas que trabajan en materia de derechos sexuales y reproductivos y violencia contra las mujeres, enfrentan riesgos específicos, debido a que cuestionan con mayor fuerza e intensidad el contexto cultural, social y religioso en que se presenta ese fenómeno”.

Además, “se enfrentan a sostenidas campañas de desprestigio y son víctimas de abusos por parte de agentes estatales y no estatales, y ha sido común que las autoridades no ofrecieran una protección adecuada y no cumplieran con su responsabilidad de investigar y sancionar, así como de reparar a las víctimas”.

Por esa razón, hizo un llamado a las autoridades federal y estatales a garantizar la labor de los activistas, “concretando un mecanismo nacional de protección de defensoras y defensores (…) fortaleciendo los programas especializados de atención dentro de los organismos públicos de derechos humanos, así como la adopción de protocolos de investigación en el caso de delitos cometidos contra defensoras, defensores y periodistas”.