MÉXICO, DF, 8 de junio (apro).- El ministro Genaro Góngora Pimentel se manifestó en contra de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decline en su facultad investigadora, en el caso de violación a derechos, y ésta sean trasladada a la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH).

Al participar en la Cámara de Diputados en el análisis de la minuta de reformas constitucionales en materia de derechos humanos que envió el Senado, Góngora Pimentel sostuvo que “no me parece correcto que de esta forma se le quite a la Corte esa facultad, (pues) nunca se nos preguntó a los ministros sobre esto”.

La minuta, elaborada por los senadores priistas Pedro Joaquín Coldwell y Manlio Fabio Beltrones, establece que la CNDH cuente con facultades para investigar cierto tipo de delitos, lo que implica restarle esa iniciativa a la Suprema Corte.

En caso de proceder ese traslado de facultades, la Corte no podría intervenir en casos relevantes como el asesinato de indígenas en Aguas Blancas, Guerrero, o en la detención de ciudadanos de Atenco, en el Estado de México, o en señalar responsables en la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en que perdieron la vida 49 niños.

En estos tres casos polémicos ha sido la Suprema Corte la que finalmente se ha atrevido a investigar y dar nombres de cada uno de los funcionarios culpables en esta violación de derechos humanos y que culminó en la muerte de ciudadanos y niños.

En abril pasado, la minuta llegó a la Cámara de Diputados y, después de una discusión de cinco horas entre los miembros de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, que presiden el perredista y ministro de la Corte en retiro, Juventino Castro y Castro, y el priista Rubén Moreira, se suspendió su aprobación.

Ahora, a dos meses de distancia, la Cámara de Diputados pretende negociar el traslado de las facultades y hacer a un lado a la SCJN en este tipo de investigaciones y aprobar los cambios en un periodo extraordinario.

Sin embargo, el propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales --y quien además participó como ministro de la Corte en la investigación del asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, en 1996-- no mostró su total acuerdo en este punto.

Varios de los diputados integrantes de estas comisiones han manifestado en privado su rechazo al traslado de las facultades a la CNDH, sin embargo, aceptaron que existen “fuertes presiones” del Senado de la República para aprobar la minuta.

El aval estaría acompañado de la aprobación a la Ley Nacional de Seguridad y a través de la cual se pretende brindar a las Fuerzas Armadas un marco jurídico en el combate al narcotráfico.

Ambas minutas fueron frenadas en San Lázaro, y tanto PRD como PAN pretenden que se aprueben en un periodo extraordinario de sesiones, aunque en el interior de la bancada del PRI existe una gran división.

Caso de la guardería ABC

En ese debate estuvo presente el ombudsman nacional, Raúl Plascencia, quien se refirió a la decisión que la próxima semana deberá tomar la Suprema Corte sobre el caso de la guardería ABC.

Recordó que la comisión a su cargo señaló de manera genérica responsabilidades por el caso de la muerte de los 49 pequeños, sin embargo, dijo, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá ahora fincar responsabilidades legales a quienes la SCJN considere responsables.

Explicó que le corresponde al Ministerio Público ponerle nombre y apellido a cada uno de los servidores públicos o demás personas involucradas en la muerte de los niños.

Como se recordará, existe una resolución del ministro ponente, Arturo Saldívar, sobre el caso ABC, en el cual se hace responsable de la muerte de los menores al exgobernador Eduardo Bours; al hoy secretario de Comunicaciones y Transportes y entonces director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y al actual titular del Seguro Social, Daniel Karam.

La próxima semana, entre martes y jueves, los once ministros de la Corte votarán a favor o en contra de la ponencia mencionada.