ZACATECAS, Zac., 2 de julio (apro).- La entrega de recursos pendientes para habitantes del campo zacatecano, se convirtió en un instrumento clientelar del gobierno estatal para promover el voto a favor del PRD.

En un video hecho llegar a la agencia apro, se puede observar la forma en que servidores públicos del gobierno de Amalia García Medina, han comprometido la entrega de cheques, despensas y otros productos, a cambio de promover el voto para Antonio Mejía Haro, candidato del PRD a la gubernatura.

Con estudios de opinión que desfavorecen al PRD, ubicándolo en tercera posición, la simpatía más baja luego de 12 años de gobiernos emanados de ese partido, la elección zacatecana a realizarse el próximo domingo 4 de julio, ha evidenciado la intromisión del gobierno dele estado.

En dos versiones, una de varias horas de duración y otra, editada para verse en pocos minutos, se pueden observar testimonios de habitantes de comunidades rurales y zonas marginadas, entre las que se mencionan la comunidad Benito Juárez, La Soledad, El Maguey y Calerilla.

En la primera parte, se observan los testimonios que se entregaron a comunidades rurales por la sequía registrada en 2009. Los beneficiarios, hablan con un activista electoral anónimo y dan cuenta del condicionamiento de entrega de recursos para votar a favor de Antonio Mejía Haro, candidato a gobernador del PRD en la entidad.

Con oficios membretados, los logotipos del gobierno estatal, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa), sobre una mesa se pueden observar los cheques de Banorte, adheridos a oficios, fechados al 3 de mayo de 2010, por 900 pesos.

Las campañas electorales habían iniciado el 18 de abril.

“Son apoyos para reunir las gentes, para la aglomeración de las gentes, tener más apoyo, para acarrear más votos para Mejía Haro”, dice uno de los beneficiarios.

Un cheque se puede observar, teniendo como beneficiario a Aurelio Carrillo Félix, quien dice ser originario de El Maguey Zacatecas, por 900 pesos. El campesino explica:

"Es un apoyo por la sequía del año pasado y estamos muy contentos con Amalia; nos dijeron que votáramos por el PRD, este es un regalo de parte del gobierno y tenemos la esperanza de que gane con el compañero Mejía Haro".

Otro beneficiario dice:

"Muchas gracias a Mejía Haro por mandarnos este apoyo".

Además de los cheques para habitantes del campo, el video documenta la entrega de despensas en bolsas negras que llevan propaganda del PRD y su candidato con el slogan de campaña “Para que Zacatecas no se detenga yo con Toño Mejía”.

Los testimonios son obtenidos por un sujeto que se hace pasar por supervisor de la entrega y que consigue entrar a varios domicilios donde se hacen otros "obsequios".

También documenta la entrega de focos ahorradores de energía, con fecha 23 de mayo que, igual que con los otros apoyos, se entregan a cambio de copias de credenciales de elector.

“Me regalaron unos focos que mandó la gobernadora Amalia García para que vote por Antonio Mejía” dice una mujer de edad avanzada, quien agrega que también le dieron pintura.

Gobierno en campaña

El uso de recursos públicos y del aparato gubernamental se ha hecho patente desde el arranque de las campañas electorales, cuando el gobierno de Amalia García, confiscó automóviles rentados por el equipo de campaña del PRI, como documentó la revista Proceso en su edición 1750.

Por ejemplo, el uso electoral de la procuraduría de justicia se registró el pasado martes 11 de mayo, cuando un operativo que incluyó a 150 policías estatales, ministeriales y de tránsito del estado, portando armas largas y encapuchados, realizaron un aseguramiento de 14 automóviles Tsuru y tres autobuses, que se utilizarían en la campaña de la Alianza Primero Zacatecas que integran el PRI, PVEM y PANAL.

Una supuesta llamada anónima desató el operativo sin contar con orden judicial para el cateo ni para el aseguramiento, bajo el argumento de que los habían decomisado en flagrancia.

De acuerdo a la procuraduría de justicia estatal, los automóviles fueron reportados robados de una nodriza en Nuevo León, cuyo gobierno emitió un comunicado rechazando que los vehículos tuvieran denuncia de robo.

El mismo día, la procuraduría de Zacatecas emitió un comunicado en el que se afirmaba que los vehículos fueron proporcionados por el gobierno de Nuevo León para apoyar la campaña de Miguel Alonso, candidato a gobernador de la Alianza Primero Zacatecas.

Los vehículos resultaron ser de Osaka Motors S.A. de C.V., una empresa arrendadora de Nuevo León, que forma parte del Grupo Galería.

El procurador de justicia, Ambrosio Romero se comprometió a entregar los vehículos cuando acreditaran la propiedad. Pero no fue así. La tarde del jueves 13 de mayo, un grupo de priístas y el dueño de la empresa, se presentaron en la procuraduría de justicia para reclamar los vehículos, pero se los negaron.

Según explicó Romero, hubo un error a la hora de capturar los datos por parte de su personal, por lo que el cotejo con los documentos que acreditaban la propiedad de los vehículos no era posible, así que los priístas se fueron en blanco.

Finalmente, la noche del jueves 13, el procurador Romero tuvo que pedir disculpas. Aun así, la Coalición Zacatecas Nos Une, que integran PRD y Convergencia, advirtió que denunciaría ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, a Rodrigo Medina de la Cruz, el gobernador de Nuevo León, por su presunta intromisión en los comicios zacatecanos.

La queja de Amalia García, quien ha señalado a los gobernadores priístas de Coahuila y Nuevo León por presuntamente entormeterse en la elección zacatecana, no ha logrado probarse.

Además, del uso de la procuraduría de justicia, donde la hermana de la gobernador es subprocuradora, en Proceso 1755, la reportera Verónica Espinoza, documentó la entrega de becas de entre mil 700 y 2 mil 400 pesos, a cambio de votar por el PRD

“Así ocurrió en 2009, cuando logró “carro completo” en los cuatro distritos federales, con el presumible uso de recursos públicos a través del porcentaje discrecional que le otorga la ley, aunque según las denuncias hechas por diputados en el Congreso local lo rebasó en mucho al mover de esta manera casi la cuarta parte del gasto público de 2009”, publicó la revista Proceso en su edición de esta semana.