MÉXICO, DF, 20 de julio (apro).- Organizaciones civiles acusaron al gobierno de Felipe Calderón de soslayar la gravedad de los abusos contra inmigrantes indocumentados, particularmente el secuestro.
    Los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), Fray Matías de Córdova y Fray Juan de Larios, así como las casas de migrantes de Saltillo, Coahuila, y de Ixtepec, Oaxaca, entre otros, lamentaron además que el Estado mexicano reduzca el problema a “datos estadísticos” y descalifique un texto sobre la materia emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 2009.
    El posicionamiento de las ONG surgió luego de analizar el documento “Informe sobre secuestro, extorsión y otros delitos cometidos contra migrantes en tránsito por territorio mexicano”, que el gobierno federal envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En un comunicado, recuerdan que el reporte oficial surgió en respuesta a una solicitud de información que formuló la propia CIDH, luego que las ONG participaran en la audiencia temática “Secuestro de personas migrantes en tránsito”, llevada a cabo en marzo en el marco del 138 periodo de sesiones del organismo regional.
    Por cierto, en el reporte calderonista --difundido el viernes pasado-- se pone en duda la veracidad del informe de la CNDH, que estima que entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 se registraron 9 mil 758 casos de indocumentados víctimas de secuestro.
    En su respuesta a la CIDH, el Estado mexicano señala que las cifras de la CNDH carecen de “un sustento estadístico adecuado”, y que el “propósito no es medir el fenómeno con precisión, sino alertar respecto a su existencia y posible incremento”.
    Con esa postura, consideran las ONG, el gobierno de Felipe Calderón “intenta evadir sus responsabilidades de respeto, protección y garantía a los derechos de los indocumentados” en tránsito por el país.
    “El mismo Estado –señala el comunicado-- expone su inoperancia en la investigación y persecución del plagio contra personas migrantes, al aceptar que sólo se han abierto 44 averiguaciones previas, mismas que han culminado con la imposición de sentencias a dos personas”, sin especificarse si fueron en sentido condenatorio o absolutorio.
    Las cifras del informe oficial, agregan las ONG, “evidencian la falta de interés del Estado mexicano para prevenir y perseguir este delito, tomando en cuenta la cantidad de personas migrantes secuestradas: 18 mil en 2009”.
    Luego solicitaron al gobierno de Calderón invite a la Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la CIDH para que visite las poblaciones mexicanos donde se reportan casos de secuestros de migrantes y violaciones a derechos humanos.
    También demandaron la creación de una Fiscalía Especializada en Atención a Migrantes en Tránsito por México Víctimas de Secuestro, con el fin de “garantizar un real acceso a la justicia” y acabar con “las prácticas que criminalizan” a ese sector y otras organizaciones de la sociedad civil.
Por último, las agrupaciones sociales exigieron se garanticen las condiciones de seguridad para los defensores de derechos humanos.