Caso ABC: El Estado mexicano, sometido a "juicio ciudadano"

martes, 20 de julio de 2010

MÉXICO, D.F., 20 de julio (Proceso).- Rabia es lo que experimentan los integrantes del Movimiento 5 de Junio. Hace un año perdieron a sus hijos en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, pero desde entonces las autoridades responsables  de impartir justicia, simplemente no la han procurado. Más aún:   se empeñan en proteger a los altos funcionarios y particulares implicados y en extenderles certificados de impunidad. Ante ello, los padres de familia anuncian que realizarán un “juicio ciudadano” en contra del Estado mexicano, con el concurso de la sociedad.

Tocaron las puertas de la justicia y se las cerraron en todos lados: Primero el gobernador de Sonora Eduardo Bours y su procurador Abel Murrieta, quienes les ofrecieron dinero, obsequios y hasta pasteles para que olvidaran su pena. Luego, en la Ciudad de México, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les negaron el castigo a los responsable de la tragedia.

Ante estas resistencias los padres de los 49 niños muertos en la guardería ABC de Hermosillo decidieron realizar un “juicio ciudadano” contra el Estado mexicano como un “reproche moral” y una exigencia de justicia.

“La Constitución nos lo permite; es uno de los actos a los que la ciudadanía tiene derecho para enfrentar la injusticia, la impunidad y el solapamiento de las autoridades. No será show ni simulacro, sino un acto solemne con juez, fiscal, abogado defensor y acceso a los expedientes”, explica Abraham Fraijo, padre de Emiliana, uno de los 49 niños fallecidos.

En entrevista con este semanario, los padres de familia Patricia Duarte, Roberto Zavala, Julio César Márquez y Abraham Fraijo, adelantan que el juicio se realizará en el Distrito Federal el próximo 5 de septiembre y citarán como “acusados” al jefe del Ejecutivo Federal, Felipe Calderón; a los ministros de SCJN; al exgobernador Eduardo Bours; al director del Seguro Social Daniel Karam; al extitular de la misma dependencia y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas; al exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont; al exprocurador general de la República Eduardo Medina Mora, y a Carla Rochin, encargada de las guarderías subrogadas en el ámbito nacional.

Todos ellos, señalan los padres, son responsables de que no haya castigo contra los responsables de un crimen. “Queremos mostrarle a la sociedad que cuando las autoridades hacen mal las cosas se puede actuar para que se les señale públicamente. No se trata de un linchamiento, sino de un acto de justicia”, precisa Julio César Márquez.

Los cuatro padres de los niños que perecieron el 5 de junio de 2009 en el incendio de la guardería ABC subrogada por el IMSS sostienen que el Poder Ejecutivo, a cargo de Felipe Calderón, no escuchó las demandas que le hicieron en un caso en el que debería notarse el apoyo y toda la fuerza del Estado.

“Le están apostando al olvido”, advierte Roberto Zavala al recordar que en Hermosillo ya hicieron dos juicios similares y que gracias a estas acciones las autoridades reaccionaron consignando a los dueños de la guardería.

 Del Poder Legislativo señalan que sigue sin cuestionar el sistema de subrogación de guarderías por parte del IMSS, que empezó bajo la dirección de Santiago Levy y el cual, sostienen, continúa poniendo en peligro la seguridad y bienestar de cientos de miles de niñas y niños mexicanos. Recuerdan que aunque hay un punto de acuerdo para crear una comisión que analice el caso, ésta ni siquiera se ha integrado.

Por lo que toca al Poder Judicial, advierten que hasta el momento no ha juzgado a ninguno de los responsables e incluso dejó en libertad a los dueños de la guardería ABC por una fianza de 2 mil pesos.

 

Sin justicia

 

Los padres acudieron a la SCJN porque tenían la esperanza de que el máximo tribunal del país fallara en favor de que se realizara una investigación sobre la tragedia. Pero los ministros decidieron no atraer el caso. Por ello, el jueves 15 los padres decidieron solicitar al Legislativo juicio político en contra de los ministros José Fernando Franco González Salas y Sergio Armando Valls Hernández, por no haber intervenido en las sesiones para discutir el caso de la guardería.

Añaden que con sus actos y omisiones los dos ministros perjudicaron los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de la administración de justicia, y afirman que cometieron delitos previstos y sancionados en el artículo 225 del Código Penal Federal, además de que afectaron la legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus ministerios jurisdiccionales.

“Esperamos que el Congreso de la Unión le entre al quite y que por primera vez hagan su trabajo ante una demanda de justicia. No les estamos pidiendo nada más, sino que cumplan con su responsabilidad. Hay fundamentos para que se realice un juicio político en contra de los dos ministros, de que se siente el precedente de que no porque sean ministros son intocables para la sociedad y pueden pisotear la Constitución”, señala Abraham Fraijo.

         Pero al mismo tiempo que solicitaron el juicio político a los dos ministros de Corte decidieron organizar el juicio ciudadano contra el Estado mexicano, en un lugar que aún está por determinarse y que podría ser el Hemiciclo a Juárez, el Museo de la Ciudad de México o el Zócalo.

 “Este juicio no tiene ningún carácter jurídico o legal, sino que es ciudadano totalmente y busca hacer una especie de reproche moral al Estado como lo hicimos en su momento a las autoridades de Sonora”, explica Fraijo.

         Precisa que la sociedad mexicana tiene muy claro lo que ocurrió en el caso de la guardería ABC, por lo que podrá tomar parte en el juicio.

         “No tenemos ningún interés político ni partidista; incluso una de las reglas será que los que quieran participar no lleven pancartas ni mantas. Se tratará de un acto serio y solemne, de un juicio político” aclara.

         Explica que en este juicio quien juzga es la sociedad y es la que decide quiénes son culpables o inocentes.

“Es el sentir de la sociedad, de cómo ven el caso de la guardería ABC, de quiénes son los responsables del crimen, de cómo actuó la procuraduría de Sonora, que no tocó ni con el pétalo de una rosa a los dueños de la guardería, a quienes les dieron todos los privilegios y fianzas de 2 mil pesos, como si hubieran robado un carro”, indica Fraijo.

Dice que el juicio ciudadano también servirá para informar a la gente cuál es la situación legal respecto del caso, qué argumentos se están presentando y cuáles son las pruebas para que se castigue a los responsables de la tragedia.

“Hay mucha gente que no sabe qué fue lo que realmente sucedió, cómo se esta llevando el caso. No es un simulacro, es un acto serio. El juicio ciudadano está considerado en la Constitución como un derecho y es vinculatorio; desgraciadamente se dejó de utilizar, 0pero está asentado en la ley”, sostiene el padre de Emilia, quien tenía tres años y tres meses cuando falleció.

Julio César Márquez, padre del niño del mismo nombre que murió cuando apenas tenía dos años y nueve meses, dice que las personas que asistan al juicio lo harán “en calidad de jurado y serán quienes emitan su voto”.

 

Impunidad

 

Desde que ocurrió el incendio de la guardería ABC de la capital sonorense el 5 de junio de 2009, los familiares de los 49 menores muertos y de los 70 lesionados exigieron castigo contra los responsables. A partir de entonces han sido muchas las trabas y los intentos de las autoridades locales y federales por enterrar sus demandas.

Incluso los arzobispos de Hermosillo Ulises Macías y el emérito Carlos Quintero Arce trataron de ayudar a los dueños de la guardería, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella (prima de Margarita Zavala de Calderón), Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquídes Serrano, al extenderles una “carta de buena conducta” dirigida a las autoridades judiciales y en la que señalaban que ninguna de estas personas tenía “antecedentes penales” ni “problemas con la justicia”.

Las misivas, fechadas en agosto de 2009 y firmadas por los arzobispos, indicaban que “con verdadera alegría” constataban que los dueños de la guardería ABC eran “ciudadanos que han trabajado honradamente y nunca han tenido problemas con la justicia”.

Pero no sólo hicieron labor de zapa de manera paralela a la que hizo Eduardo Bours, sino que al mismo tiempo realizaron misas, pagaron inserciones en los diarios, y enviaron mensajes en radio y televisión a los padres para que desistieran de sus acusaciones porque “sus angelitos ya estaban en el cielo y así Dios lo quiso para formar su coro de ángeles”.

         Sin embargo, la indignación y los reclamos de los padres por este apoyo de parte de los arzobispos obligó a estos a frenarlo. Patricia Duarte recuerda que en la toma de posesión del nuevo gobernador, Guillermo Padrés, le reclamó al arzobispo Ulises Macías:

         “¿Tú qué haces aquí? Deberías estar en la iglesia y no defender a asesinos. Por sacerdotes como tú la iglesia ya no tiene tanta gente. ¿Por qué firmaste esas cartas?”, le espetó.

         “Me dijo tres veces que él no lo había hecho, pero mintió porque nosotros ya teníamos copias de las misivas. Por eso es que desistieron”, recuerda Duarte.

         Cuando los familiares de los niños muertos y lesionados reaccionaron y comenzaron a pedir justicia, Bours como gobernador les ofreció favores y ayuda económica a cambio de que firmaran una carta en la que asentaran que se desistían de cualquier demanda. Inclusive designó a funcionarios de su gobierno, a quienes llamo “padrinos y “madrinas”, para que los atendieran directamente y les proporcionaran dinero para que terminaran de construir sus casas y realizaran viajes de descanso, recuerda Patricia Duarte, madre de Andrés Alonso.

         Los padres de los niños muertos integrados en el Movimiento 5 de junio acudieron a las autoridades federales, pero el entonces titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, dijo que a los dueños de la guardería, así como a funcionarios locales y federales, se les investigaría por delitos de homicidio culposo (accidental). Además, aclaró que en caso de que se consignara a alguien ante un juez, podría salir libre bajo caución. También descartó que el incendio haya sido provocado.

          Ante este nuevo obstáculo acudieron esperanzados a la SCJN a fin de que se indagaran las verdaderas causas del incendio y se castigara a los responsables. Paro ahí tampoco recibieron lo que querían.

“Vimos a una justicia ciega y sorda”, expresa Julio César Márquez.

Roberto Zavala, padre de Santiago de Jesús Zavala, niño de dos años muerto en el siniestro de la guardería ABC, dice que con el juicio ciudadano esperan que el gobierno federal dé una respuesta ante los señalamientos claros de la responsabilidad de algunos funcionarios de la administración actual como el ahora exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, quien, aseguran, cabildeó entre lo ministros de la Corte para que no se castigara a ningún secretario de Estado.

“A ver si el gobierno está realmente está en sintonía con la ciudadanía y empieza a trabajar bien. Porque nosotros lo que vemos es que desde el principio –sostiene Zavala– quieren dejar que pase el tiempo y al final de cuentas no se haga nada”.

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