Infectado de VIH da batalla legal por derecho a medicamentos

martes, 20 de julio de 2010

MÉXICO, D.F., 20 de julio (apro).- En octubre del año pasado, Rubén Valdez, quien es portador del virus VIH, decidió emprender una batalla legal contra el gobierno federal porque, de la noche a la mañana, decidió, inexplicablemente, reducir 30% el presupuesto al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), una de las pocas instituciones oficiales que se encargan de atender y prevenir  el VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual en México.

A casi un año de haber presentado dicho recurso legal, el pasado 7 de julio Valdez consiguió una primera victoria al ser admitida la demanda de amparo que interpuso contra la decisión del Ejecutivo federal y de los diputados de disminuir  30% los recursos del INER.

Dice el afectado:

“Este recorte pone en riesgo la vida de cientos de pacientes del INER ya que les impide contar con los medicamentos y servicios médicos necesarios para garantizar su salud. Lograr que un tribunal escuche mi

demanda, abre la posibilidad para disminuir el número de personas que muere como consecuencia de la implementación de medidas regresivas en  salud. Tenemos la esperanza de que la situación mejores”.

Rubén deberá comparecer ante el Juzgado Décimo Quinto en materia administrativa del Distrito Federal el próximo martes 27 para fundamentar su petición de amparo, en un hecho que no tiene precedente porque es la primera vez en que un tribunal mexicano acepta estudiar el impacto directo de los recortes presupuestarios sobre el derecho a la salud y a la vida.

Jimena Ávalos, abogada de Rubén, así lo explica:

“Es una oportunidad sin precedentes para la defensa y la exigibilidad de los derechos sociales. A través de esta reducción, México viola su compromiso de usar hasta el máximo de los recursos disponibles para garantizar de manera progresiva la plena efectividad del derecho a la salud e incumple con el contenido mínimo de sus obligaciones al negar los servicios de salud a quienes más lo necesitan”.

Y remata:

“La reducción presupuestaria constituye una medida regresiva que contraviene los tratados internacionales firmados por México en esa materia”.

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