TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis, 27 de julio (apro).- Unos 300 indígenas del municipio de Zinacantán, exigieron hoy a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas la libertad de cinco de sus compañeros arraigados y acusados de haber perpetrado el crimen de dos militantes del PRI, el pasado 26 de junio, en el marco de las campañas electorales.

Los indígenas, militantes del PRD, marcharon por las calles de la capital del estado para exigir la libertad de sus compañeros de partido que son acusados de causar la muerte de Martín López Sánchez y Juan Pérez López, tras un incidente violento ocurrido en  la comunidad de Nachig, municipio de Zinacantán, ubicado a unos 50 kilómetros al oriente de esta capital.

Recordaron que fueron ellos los agredidos después de un mitin en su comunidad, y reiteraron que las víctimas fueron acribilladas por sus propios compañeros priistas.

Ese día, el 26 de junio, la Procuraduría General de Justicia del estado detuvo a cinco personas, entre ellas, a los perredistas Francisco y Juan Arias Hernández, originarios de Nachig, y José González Hernández, de Navenchauc.

Después del enfrentamiento, alrededor de mil 500 simpatizantes del PRI quemaron al menos 12 casas y 30 vehículos, y acordonaron un inmueble en donde permanecían 57 simpatizantes del PRD, a quienes amenazaban con linchar, en represalia por la muerte de sus dos compañeros.

Protestan trabajadores del sector salud

Trabajadores del sector salud se extrajeron sangre hoy a las puertas del palacio de gobierno, en protesta por el despido de 31 de sus compañeros que reclamaban un aumento salarial.

Los empleados administrativos viajaron a la capital del estado desde un hospital ubicado en la llamada Ciudad Salud de Tapachula, a unos 300 kilómetros al sur de la entidad, para protestar contra lo que calificaron de “actos arbitrarios” del director de ese nosocomio, Omar Gómez Cruz.

Al menos tres de los manifestantes se aplicaron catéteres en las venas de sus brazos para desangrarse. El fluido fue regado en el suelo, el cual poco a poco se mezcló con la lluvia que en ese momento caía.

En un comunicado, los manifestantes dieron a conocer que desde el pasado 15 de julio suspendieron labores administrativas en el hospital de tercer nivel de Tapachula.

Denunciaron, asimismo, el despido “injustificado” de 31 personas, retención de pagos, falta de medicamentos y herramientas para cirugías, además de ausencia de mantenimiento en los equipos médicos.

Entre los cesados, acusaron, se encuentra una empleada con seis meses de embarazo.

Además, alertaron, las fuertes lluvias registradas en la zona han dejado al descubierto grandes goteras en consultorios y en diversas aéreas del hospital.

Por último, resaltaron que la falta de mantenimiento e insumos en la planta de tratamiento de aguas residuales ha provocado que los líquidos generados por ese hospital sean vertidos directamente al arroyo de la colonia Los Toros.