MEXICO, DF, 28 de julio (apro).- La secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, sostuvo que la decisión de la Corte Federal de Distrito en Arizona, de suspender provisionalmente algunas disposiciones de la Ley SB1070, “es un primer paso en la dirección correcta”.

De esa manera Espinosa fijó la posición del gobierno federal ante la resolución de la juez Susan Bolton, que permite la entrada en vigor de la ley, pero de manera parcial.

Mientras tanto, legisladores de PRD y PAN anunciaron la promoción de puntos de acuerdo para la inmediata aplicación de las medidas de protección consular para los inmigrantes, en las que se incluya un plan temporal de repatriación.

El senador perredista Silvano Aureoles dijo que, a unas horas de entrar en vigor la Ley SB1070, hay pesimismo en el Congreso de que se pueda detener la aplicación, por lo que se deberán tomar las medidas cautelares para recibir a los mexicanos que opten por regresar o que sean deportados.

La bancada de Acción Nacional agenda, en el orden del día de la sesión de hoy de la Comisión Permanente, otro punto de acuerdo para pedir al Ejecutivo que se apliquen todas las medidas de protección consular y dar seguimiento a cualquier violación a los derechos humanos de los connacionales.En el punto de acuerdo, se plantea que el Congreso haga una enérgica protesta por la entrada en vigor de dicha ley, aun cuando se reconoce la decisión soberana de cada Estado en la aplicación de sus leyes.

Condena de Amnistía

A su vez, Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado urgente para derogar la polémica Ley SB1070, a unas horas de su puesta en marcha en Arizona, y evitar así se ‘criminalice’ en la práctica a todos los inmigrantes ilegales con base en su apariencia racial.

En un comunicado, Amnistía denunció que esta legislación es una “amenaza para los derechos humanos”, y expresó su preocupación por que en los hechos derive en violaciones y detenciones arbitrarias.

“La ley no contiene garantías contra la detención basada en la apariencia racial --la práctica de detener a alguien únicamente por su apariencia, origen o nacionalidad--, lo cual es discriminatorio y una violación a los derechos fundamentales”, sostuvo AI.

Protestas frente a embajada

Mientras tanto, organizaciones de inmigrantes protagonizaron este mediodía una manifestación frente a la embajada de Estados Unidos en México, en protesta contra la Ley SB1070, por considerarla una norma discriminatoria, de corte racial y que tendrá serios impactos sociales, como la separación de familias de trabajadores.

Elvira Arellano, quien en 2007 luchó ante los tribunales estadunidenses para impedir su deportación y ser separada de su hijo menor de edad y hoy encabeza la organización Familia Unida Latina, fue una de las activistas que encabezaron la movilización.

Según la activista, en Estados Unidos se estima que hay 4 millones de menores de edad con un padre o madre que está ilegalmente en ese país y en riesgo de ser deportados.

Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) detallaron que los inconformes comenzaron a concentrarse desde las 8:30 horas en las aceras que rodean a la glorieta del Ángel de la Independencia.

En pancartas y consignas, los manifestantes reiteraron su rechazo a la Ley SB1070, que faculta a los cuerpos policiacos de Arizona para inspeccionar a migrantes ante la “sospecha fundada” de que se trate de un indocumentado.

Los activistas plantearon la necesidad de llevar a cabo un “boicot comercial” y de saturar las cuentas de correo electrónico de la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, con mensajes de protesta.

Batalla legal

Por otra parte, los abogados del Departamento de Justicia estadunidense rechazaron una propuesta para fusionar su demanda y la de un policía contra la ley antiinmigrante de Arizona.

Con el argumento de que se perjudicaría o demoraría su acción, los abogados federales se pronunciaron en contra de la propuesta del policía de Phoenix, David Salgado, de consolidar ambos casos.

El Departamento de Justicia dijo que ha impugnado más secciones de la ley que Salgado y que los argumentos, en torno de que la legislación federal estadunidense anula a la de Arizona, difiere de los que expuso el agente.

Mientras tanto, el diario The Wall Street Journal sostuvo en su edición de hoy que las autoridades de Arizona enfrentan un obstáculo imprevisto para la aplicación de la medida: con la nueva legislación la policía local puede detener a inmigrantes indocumentados, pero sólo el gobierno federal podrá deportarlos.

En los hechos, la policía local se vería obligada a elegir entre mantener a los detenidos en las prisiones estatales o dejarlos en libertad.

El rotativo destacó que la policía puede detenerlos mientras aclaran su estatus migratorio, pero los procesos de deportación sólo pueden ser llevados a cabo por las autoridades federales.

El martes, Matthew Chandler, un portavoz del Departamento de Seguridad estadunidense, que coordina el Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE), dijo que las prioridades de las autoridades federales se aplican para quienes crucen recientemente la frontera.

 La agencia primero confirmará si una persona es deportable; si la persona no cae en una categoría de prioridad, se le daría una notificación para comparecer ante un juez de migración, pero no sería detenida por el gobierno federal.

 Eso significa que el individuo podría permanecer en el país durante meses o años, mientras que pueda batallar contra su deportación.

Según la agencia de seguridad, en Arizona viven cerca de 460 mil inmigrantes indocumentados.