MÉXICO, DF, 29 de julio (apro).- Los representantes de las familias de las víctimas de Campo Algodonero, David Peña y Michele Salas, desmintieron la postura del gobierno de Felipe Calderón sobre un presunto cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) para el caso relacionado con la desaparición, tortura y asesinato de tres jóvenes de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En un comunicado, la Secretaría de Gobernación destaca que ante la condena de la CoIDH del 10 de diciembre de 2009, la Unidad de Protección y Defensa de Derechos Humanos y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Conavim), dependencias adscritas a la Segob, llevaron a cabo acciones coordinadas con los gobiernos federal, estatal y municipal para dar cumplimiento a la sentencia.

El texto de la Segob habla de la conformación de tres grupos de trabajo “para el cumplimiento de cada uno de los resolutivos de la sentencia” de la CoIDH, que tendrá su primera sesión de evaluación el próximo 10 de diciembre.

De la larga lista de puntos a acatar, la dependencia señaló como satisfechos la publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF), así como en los periódicos El Universal y El Diario de Juárez, el pasado 8 de marzo, así como en las páginas electrónicas de la Segob y el gobierno de Chihuahua; en tanto que el 5 de mayo se publicó en la Gaceta Oficial del Chihuahua.

Según el gobierno federal, el 10 de junio pasado la Procuraduría General de Justicia del Chihuahua “publicó en su página electrónica oficial la información sobre las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez desde 1993”.

 Asimismo, se señala que por gestiones de la Conavim se desincorporó la “acequia que pertenecía al gobierno federal para la construcción del Memorial (de las Mujeres Víctimas de la Violencia Género”, monumento del que, por cierto, la presidencia municipal contaría ya con un proyecto arquitectónico.

Sobre la labor de la Conavim, se indica que ésta y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lograron un acuerdo de colaboración con la Unión Europea para la “estandarización de protocolos, manuales de investigación y criterios ministeriales en materia de desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres”.

En su comunicado, la Segob confirma la celebración de cuatro mesas de trabajo para la adecuación del Protocolo Alba, enfocado en la “atención, reacción y coordinación en el caso de extravío de mujeres y niñas de Ciudad Juárez, en los términos del resolutivo de la sentencia”.

Se señala que se han realizado cinco reuniones con los familiares y sus representantes, y que el pago de las indemnizaciones “aún está en proceso y se administrará conforme a la legislación vigente”.

Sin embargo, David Peña y Michel Salas –quienes en junio pasado enviaron a la CoIDH un informe sobre los pobres avances de la sentencia-- desmintieron los supuestos logros, así como el que la Conavim haya sido el enlace de las diferentes instancias de gobierno para tratar los puntos del cumplimiento de la sentencia.

En entrevista con Apro, Peña y Salas aclaran: “Suponemos que se trata sólo de justificar el trabajo de la Conavim en este cambio de administración de la Segob; fue la Unidad de Protección y Defensa de Derechos Humanos la encargada de coordinar los trabajos aunque, debemos decirlo, no del todo eficiente”.

Negaron, además, que el gobierno de Chihuahua haya publicado la sentencia en su página oficial, y señalaron que la relación de mujeres desaparecidas desde 1993 “es incompleta, pues hay casos que nosotros tenemos y que no están incluidos”.

Asimismo, tampoco se cumple con la especificación de que contará con un ‘micrositio’ para que cualquier persona aporte información a las investigaciones de manera libre y anónima, pues sólo incluye un número de teléfono”.

Sobre el Memorial, Peña recordó que, según la sentencia, tendría que construirse en la zona conocida como Campo Algodonero, donde fueron localizados los cuerpos sin vida de Esmeralda Herrera, Berenice Ramos y Claudia González en noviembre de 2001, y que debe incluir los nombres de más de 600 mujeres víctimas de la violencia de género desde 1993.

“En las reuniones que hemos tenido, el gobierno municipal se ha negado a expropiar Campo Algodonero, argumentando que es muy caro, además de que sólo pretende incluir los nombres las tres víctimas, sin contar con que son los familiares de las víctimas quienes tienen que deliberar sobre la construcción, y hasta ahora no se nos ha mostrado el supuesto proyecto arquitectónico, que tiene que estar consumado antes del 10 de diciembre”, apuntó el abogado.

Sobre la indemnización, añadió Salas, “al principio se llegó a un acuerdo para que el gobierno federal y el del estado cubrieran por partes iguales el monto, pero el proceso se detuvo porque la Segob se negó a cubrir su parte, una vez que el de gobierno de Chihuahua anunció que ya tenía el monto que le correspondía”.

Destacaron que, como representantes de las víctimas, sólo fueron invitados a una reunión de trabajo para la estandarización de protocolos, y que tanto ellos como organizaciones nacionales e internacionales expertos en el tema de violencia contra las mujeres, han sido marginados, pese a que su participación es una exigencia del Tribunal regional.

Los abogados de las víctimas del caso Campo Algodonero recordaron que hay otros puntos no tocados en el comunicado de Gobernación que tendrían que estar resueltos antes del informe anual, y los cuales no han sido acatados conforme a la sentencia de la CoIDH.

Entre ellos destaca la falta de atención médica y psicológica para familiares de las víctimas y la elaboración de un banco de datos nacional de mujeres y niñas desaparecidas, archivo que deberá incluir perfiles genéticos de cada víctima en el país.