TLAXCALA, Tlax., 4 de julio (apro).- El PRI habría recuperado el control del gobierno del estado, algo que no ocurría desde hacía dos sexenios; el triunfo sería representativo, tomando como referencia que es la entidad natal de Beatriz Paredes, la presidenta nacional del tricolor y quien es ubicada por la opinión pública como posible precandidata a suceder a Felipe Calderón.

Martín Darío Cázares, representante del PRI ante el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), daba un triunfo a su candidato, Mariano González Zarur, por un margen de entre cinco y nueve puntos porcentuales.

La casa Consulta Mitofsky difundió una encuesta de salida en la que daba el 49 por ciento de la votación a González Zarur contra 40 por ciento de la panista Adriana Dávila Fernández.

El representante del PRI ante el IET manifestó su temor de que operadores panistas eviten el traslado de los votos a las oficinas centrales del organismo como consecuencia de su evidente derrota.

En tanto, en las calles del centro de Tlaxcala los priistas festejaban su anticipado triunfo desde las seis de la tarde. Los militantes sacaron sus banderas tricolores y presionaban los cláxones de sus automóviles en señal de festejo.

El PRI convocó a sus militantes a celebrar su eventual triunfo a las nueve de la noche en el zócalo de Tlaxcala.

Contrario a la intensidad de otros estados, donde reinaron el espionaje telefónico, grabaciones escandalosas y hasta el asesinato del candidato del PRI en Tamaulipas, en Tlaxcala el desarrollo de la competencia fue más tranquilo, aunque no exento de señalamientos.

El caso más representativo fue la denuncia presentada el tres de julio por el local Partido Popular en contra de cinco consejeros electorales, incluido el presidente del organismo.

Los presuntos delitos: peculado, desvío de recursos públicos y malversación de fondos a favor del PAN.

La denuncia fue presentada por el presidente de ese partido, Ángel Luciano Santacruz Carro, ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local.

En el  documento se acusa a los consejeros Adrián Pérez Quechol, José Conrado Teloxa, Carlos Mora y Óscar Lobatón Corona, así como del presidente Salvador Cuahutencos Amieva, de brindar plazas laborales a personas afines a la coalición por el Progreso de Tlaxcala, liderada por Dávila Fernández.

El día de la jornada, el Movimiento por la Certidumbre reportó que operadores del PAN repartieron boletas falsas en los municipios de Panotla, Ixtacuixtla, Apizaco y Zacatelco.

Denunció también distribución de despensas por parte de los panistas en domicilios particulares de Temezontla y San Mateo.

Uno de los cuestionamientos del electorado y de los analistas políticos contra Adriana Dávila fue su escaso arraigo entre los habitantes de la entidad, su incipiente trayectoria y el supuesto respaldo de los gobiernos federal y estatal a su figura a través de los programas de apoyo social.

Dávila intentó refutar las denuncias en su contra este domingo: “Me parece una tontería que en este momento como candidatos descalifiquemos todo el tiempo y no seamos capaces de hacer propuestas; Tlaxcala espera otra cosa de nosotros”.

La madrugada del domingo, el IET acordó sancionar al gobernador Héctor Ortiz y al gobierno federal con una multa de medio millón de pesos cada uno por no retirar su propaganda en espacios, bardas, anuncios fijos y espectaculares.

Esta multa, así como las denuncias previas, dibujan la estrecha relación del gobierno federal con Dávila, quien fuera coordinadora de campaña estatal de Felipe Calderón en su camino por llegar a la presidencia de la República.

Algunos panistas veían cierta debilidad en la candidatura de Dávila, al tomar como referente que su único cargo público fue una diputación federal. Previo a ello, su trayectoria profesional se desarrolló como reportera y posteriormente como jefa de prensa del PAN local.

En cambio, Mariano González Zarur gozaba de más conocimiento entre el electorado, debido a que contendió en la elección pasada contra Héctor Ortiz, perdiendo por un estrecho margen.  Además, el abanderado priista es un empresario local identificado por los votantes y fungió como diputado federal, local y senador.

La última vez que el PRI gobernó Tlaxcala se remonta al sexenio de Antonio Álvarez Lima (1993-1999). Le sucedió el perredista Alfonso Sánchez Anaya. Antes, de 1987 a 1992 gobernó la entidad Beatriz Paredes Rangel, actual presidenta del PRI.

Fracasa alianza precipitada

Apenas el 26 de junio, ocho días antes de la elección, Minerva Hernández Ramos, abanderada de la coalición PRD-PT-Convergencia, declinó a favor de la panista Adriana Dávila Fernández.

El argumento para fusionar a las fuerzas políticas de izquierda y derecha locales fue el mismo que pretextaron los partidos a nivel nacional: formar un frente para combatir al PRI.

“Insisto en que el acuerdo de cogobierno e implementación de nuestro programa para sumar fuerzas con Adriana Dávila no es por la continuidad sino por el cambio que estamos proponiendo, esta es la razón por la que, en concordancia con la política nacional de los partidos nacionales que me apoyan he decidido suscribirlo”, arguyó Hernández Ramos en una rueda de prensa avalada por los dirigentes nacionales del PAN y PRD, César Nava y Jesús Ortega, respectivamente.

El abanderado del PRI desestimó la declinación y anticipó que terminaría por beneficiarle debido a que el electorado rechazaría el pragmatismo de Minerva Hernández Ramos.

Con la alianza de último momento, sólo quedaron tres candidatos a gobernar Tlaxcala, con la participación casi meramente testimonial de Rosalía Peredo Aguilar, del Partido Socialista.

La perredista Minerva Hernández Ramos tenía el 12.33 por ciento de los votos, aunque cabe aclarar que éstos sufragios no se suman a los del PAN, ya que la alianza precipitada no quedó registrada como tal ante el IET.