MÉXICO, D.F., 7 de julio (apro).- La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) condenaron este miércoles el asesinato del periodista Hugo Olivera Cartas, ocurrido ayer en Apatzingán, Michoacán, y exigieron a las autoridades procuradoras de justicia una investigación pronta y expedita.
    "Lamentamos este homicidio, con el que asciende a ocho (quizá nueve) el número de profesionales de los medios de comunicación asesinados desde el inicio del año 2010", señaló RFS en un comunicado.
Y agregó que aunque el móvil de crimen aún se desconoce, "existen buenas razones para pensar que su asesinato está relacionado con su trabajo periodístico".
    Por separado, la CDHDF, a través de su Relatoría para la Libertad de Expresión y Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, también condenó el asesinato del corresponsal del diario La Voz de Michoacán y editor del periódico El Día, cuyo cuerpo fue hallado sin vida y con signos de tortura en el poblado de Apatzingan, Michoacán.
    “Es lamentable que, a pesar de las denuncias previas, el Estado mexicano no haya brindado las medidas cautelares que por derecho correspondían al periodista y así evitar este trágico desenlace”, señaló el organismo.
La muerte de Olivera Cartas, añadió, “es una clara muestra de que es urgente implementar una política pública integral para proteger a las y los periodistas que ven amenazada su integridad física y su propia vida por ejercer su profesión y mantener informada a la sociedad en su conjunto”.
    Asimismo, señaló que el hecho de que hubieran sido allanadas, la madrugada de ayer, las oficinas del periodista, de donde fueron sustraídos solamente discos duros de las computadoras, una unidad central de procesamiento (CPU) y un disco duro portátil, hace presumir que el homicidio pudo haber sido motivado por la información que Olivera Cartas manejaba y difundía.
    Ante ello, la CDHDF exigió a las autoridades competentes que inicien una investigación pronta y expedita, en la que se consideren los elementos citados anteriormente como indicios de que la vida del comunicador estaba en riesgo por el ejercicio de su labor periodística.
    Además, consideró que si bien es importante que la Procuraduría General de la República (PGR) “haya ampliado el espectro de atención y las facultades de la antigua Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas y se anuncie ahora la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos en contra de la Libertad de Expresión, sus acciones deben ser acompañadas por otras que atiendan a la prevención, la capacitación, la protección y la procuración de justicia”.
El Estado, agregó, “debe construir una política pública integral enfocada a garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión como parte fundamental de la consolidación democrática”.
En tanto, RSF señaló que "con este triste caso suman 65 los profesionales de los medios de comunicación que han perdido la vida en México desde el año 2000".