Conceden amparo a mineros de Cananea; retoman control de la mina

jueves, 12 de agosto de 2010

CANANEA, Son., 12 de agosto (apro).- Cientos de trabajadores integrantes de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (STMMSRM), retomaron hoy el control de las instalaciones de Mexicana de Cananea, ocupadas desde el 6 de junio por la Policía Federal (PF).

Luego de que el juez noveno de Distrito, con sede en Agua Prieta, Sonora, resolviera una suspensión provisional favorable a los trabajadores, la noche del pasado miércoles 11, los mineros encabezados por el presidente del Comité de Huelga, Jesús Verdugo, ingresaron al filón alrededor del mediodía de hoy.

Aunque en las instalaciones continúan asentados algunos policías federales, el ingreso de los trabajadores huelguistas se dio sin contratiempos.

La huelga en Mexicana de Cananea, compañía propiedad de Grupo México, que encabeza Germán Larrea, inició el 30 de julio de 2007; en ese lapso, se han dictado diferentes resoluciones de la autoridad laboral para declararla inexistente, pero el movimiento ha persistido a base de amparos.

El pasado 9 de febrero, un juez federal confirmó una resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), que dio por terminadas las relaciones sindicato empresa, debido a que, justificó, los daños causados a la mina hacían imposible su operación.

Sobre el particular, la revista Proceso publicó en febrero pasado que, precisamente los daños alegados por Grupo México, eran los mismos que los trabajadores habían descrito como deficiencias estructurales para irse a la huelga y que, entre otros aspectos, se sustentó en la inseguridad de las instalaciones.

La agencia Apro publicó el pasado 10 de junio, un reportaje en que dio a conocer que la incursión de las fuerzas federales y estatales al viejo fundo minero fue con el pretexto ministerial --y no judicial--, de realizar una cuantificación de daños, y no por una orden de desalojo dictada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

En el plano declarativo, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, que siempre refirieron un supuesto desalojo, anunciaron obras de mejora en la ciudad y un programa de infraestructura.

No obstante, en el plano legal, Apro documentó que la orden no era de desalojo, sino la pretendida diligencia de cuantificación de daños, que finalmente se confirmó anoche con la suspensión provisional otorgada por el Juzgado Noveno de Distrito de Agua Prieta.

Inclusive, policías federales entrevistados por el enviado, aseguraron que la orden que tenían era “de restablecer el orden público, no de desalojar”.

En entrevista con Apro, el abogado del sindicato minero, Luis Chávez, explicó que en un primer momento, luego de la incursión de la Policía Federal y la Policía Estatal Investigadora (PEI), se tramitó un amparo que la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública combatieron con el argumento de que no hubo desalojo, sino la diligencia de cuantificación.

Ante la improcedencia de ese amparo, los argumentos del gobierno federal se presentaron en otro juicio de amparo, esta vez de naturaleza laboral, por no existir orden de desalojo, aun cuando éste se llevó a cabo el 6 de junio.

El amparo otorgado anoche, es una suspensión provisional vigente hasta en tanto las autoridades competentes determinen si procede o no la conclusión de la huelga y, entonces sí, el desalojo.

El amparo que permitió hoy el reingreso de los trabajadores se presentó luego de que el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora; el subsecretario de la dependencia, Roberto Gil; y el secretario de Gobierno de Sonora, Héctor Larios Córdova, establecieran una serie de acuerdos con el dirigente de la Sección 65, Sergio Tolano Lizárraga, para establecer una mesa de negociación.

En diversas ocasiones, Tolano Lizárraga ha expresado su disposición al dialogo, inclusive luego de realizar una caravana a la Ciudad de México y pedir audiencia en las secretarías del Trabajo y de Gobernación, que lejos de atender la solicitudes, reaccionaban descalificando el movimiento.


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