Exigen a gobernador de Guanajuato reporte sobre mujeres presas por abortar

jueves, 12 de agosto de 2010

LEÓN, Gto., 12 de agosto (apro).- La comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres (CONAVIM), Laura Carrera Lugo, solicitó al gobernador Juan Manuel Oliva un reporte sobre los casos de mujeres presas por abortar.
Carrera Lugo consideró que Guanajuato requiere promulgar la ley estatal contra la violencia hacia las mujeres, para así atender y prevenir situaciones como las que se están presentando, en donde algunas de las inculpadas por “homicidio en razón de parentesco” cumplen sentencias de hasta 29 años de prisión.
Aunque la comisionada afirmó que los actos de discriminación y violatorios de los derechos de las mujeres “no son exclusivos de Guanajuato”, admitió desconocer detalles de al menos siete casos, mismos que han desatado una polémica nacional y que fueron llevados por organizaciones, como el Centro Las Libres, hasta la propia Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Por ello, anunció que en visita a la ciudad de León buscará reunirse con el procurador Carlos Zamarripa Aguirre y el secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda Martínez, para conocer información oficial sobre estos casos.
También buscará tener un acercamiento con las mujeres –por cierto, cinco de ellas purgan su sentencia en el penal de la ciudad de Guanajuato--, para conocer sus historias y los elementos de su defensa.
El gobierno del estado y el Poder Judicial han sostenido que no hay presas por abortar en Guanajuato, y han defendido los procesos penales a que fueron sujetas las mujeres condenadas por “infanticidio”.
En tanto, la diputada federal perredista Leticia Quezada informó que a petición expresa de las legisladoras del PRD, la oficina de la ONU en México designó a María Luisa Bascur como representante para viajar a la entidad y conocer directamente las circunstancias en que fueron acusadas, procesadas y sentenciadas las siete mujeres.
“Sabemos que esta visitadora se trasladará a la entidad para investigar todo lo que las agrupaciones de mujeres ya tienen documentado desde hace tiempo; lo que esperamos es que la ONU pronto pueda estar emitiendo una opinión”, aclaró la legisladora.
Mientras que el presidente estatal del PRD, Miguel Alonso Raya, hizo un llamado al Poder Judicial del estado a abrir públicamente los expedientes de las siete mujeres que cumplen condenas por “homicidio en razón de parentesco”.
“Deben abrir los expedientes a expertos que analicen si realmente cometieron infanticidio, o si se trata de casos de aborto espontáneo”, advirtió el dirigente perredista.
El legislador también evidenció la ausencia de políticas públicas de prevención e información sobre educación y salud sexual para las mujeres guanajuatenses, principalmente para las que se encuentran en condición de pobreza o marginación.

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