Frena el PAN demanda de desafuero contra Molinar Horcasitas

martes, 17 de agosto de 2010

MÉXICO, DF, 17 de agosto (apro).- A instancias del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el panista Francisco Ramírez Acuña, autoridades del área jurídica impidieron la “ratificación” de la solicitud de desafuero en contra de Juan Molinar Horcasitas, actual secretario de Comunicaciones y Transportes, presentada por el ciudadano Gabriel Reyes Orona.
    Así lo denuncio el exprocurador fiscal, quien el pasado 24 de junio presentó una demanda de desafuero y solicitud de juicio político en contra de Molinar por su probable responsabilidad en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, hecho que costó la vida 49 niños.
Además, por un supuesto fraude de 500 millones de pesos en la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como por la entrega de un contrato millonario en materia de informática a una empresa que no estaba capacitada para ello.
    El también presidente de la organización Transparencia Nacional había anunciado que este martes acudiría a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para presentar una ampliación de hechos, la formulación de alegatos preliminares y la presentación de pruebas de sus señalamientos.
    Sin embargo, sus intenciones se frustraron luego que Ramírez Acuña ordenara bloquear la presentación de pruebas y hechos.
    Justo al mediodía, contó el denunciante, acudió a la Secretaría General ubicada en el edificio E, segundo piso, pero en lugar de que lo recibiera Guillermo Haro Belchez, fue atendido por el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara, Juan Alberto Galván Trejo, quien de entrada le advirtió:
“No puedo recibir los documentos que trae ni mucho menos dejar asentada su ratificación de la demanda porque sería prejuzgar sobre el juicio de desafuero”.
    Reyes Orona, quien ingresó solo a esa oficina, narró después que prefirió no cuestionar el rechazo del director jurídico, pues –explicó-- dentro del plazo de tres días siguientes a la fecha en que interpuso su demanda, el 24 de junio, ya la había ratificado.
    En entrevista, apuntó que “no quise aclararles el tema pero sí me enteré qué fue lo que ocurrió y cómo sucedió este bloqueo para proteger a Juan Molinar Horcasitas”.
    Detalló que el panista Ramírez Acuña ordenó la elaboración de un estudio para saber si un ciudadano puede interponer la demanda de desafuero, o si ello únicamente compete al Ministerio Público, como ocurrió en los cuatro casos más recientes: el de Andrés Manuel López Obrador, René Bejarano, Jorge Díaz Serrano y el de un asambleísta del Distrito Federal.
    La Dirección General de Asuntos Jurídicos --área que se negó a recibir las pruebas de Reyes Orona-- elaboró un estudio en el que concluye que ningún ciudadano está facultado para interponer una demanda de desafuero.
    En tanto, el Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias, a cargo de César Becker Cuéllar, un hombre cercano al PRI y quien fuera uno de los subsecretarios en Gobernación cuando el hoy diputado federal Emilio Chuayffet estuviera al frente de la dependencia, emitió una opinión diferente, en donde establece que el artículo 109 de la Constitución faculta a un ciudadano a interponer demanda de juicio político.
    Pese a ello, el director jurídico optó por no recibir la información que este martes llevó el presidente de Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona.
    Los puntos de vista divergentes obligaron a que la Junta de Coordinación Política --que encabeza el priista Francisco Rojas y en donde participan los coordinadores parlamentarios de PRD, PAN, PVEM, Nueva Alianza, Convergencia y PT-- analice el tema el próximo jueves, y ahí se determiné cuál de las dos opiniones se atenderá.
    “Es un absurdo lo que hizo este martes la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, pues sólo en una dictadura es el Ministerio Público, dependiente del Presidente de la República, el único que puede solicitar el desafuero de un funcionario federal.
“Quien me atendió –abunda Reyes Orona-- aseguró que recibir la ampliación de hechos –entre ellos un reportaje de la revista Proceso sobre la colocación en la Bolsa de Valores de 16 mil millones de pesos del llamado Fondo de Reservas del IMSS, así como la participación de Molinar en la Litación 21, que finalmente benefició a Televisa— provocaría que ellos, en los hechos, estarían prejuzgando sobre la procedencia del expediente que se abrió el pasado 24 de junio, cuando presenté la demanda de juicio de desafuero y el juicio político”, comentó Reyes Orona.
Aclaró que toda la documentación que este día intentó entregar a la Cámara de Diputados únicamente tiene que ver con la solicitud de desafuero, ya que el tema del juicio político lo desahogará en otro momento.
    Asimismo, Reyes Orona anunció que este miércoles acudirá ante la Secretaría de la Función Publica (SFP), con el fin de que el órgano de controlaría federal interponga denuncia penal en contra de Molinar por haberle causado a la nación un “daño patrimonial”, al avalar las bases de de la Licitación 21 sobre el espectro radioeléctrico.
    Detalló que la petición se hace conforme al artículo 214, fracción tercera del Código Penal Federal, que habla de quebranto y pérdida del patrimonio nacional, “derivado de la deficiencia en el concurso de la Licitación 21, llevado a cabo con urgencia y presiones que no existen, en clara incompatibilidad con las disposiciones constitucionales aplicables”.

La demanda penal

Por otra parte, el diputado federal del PRD, Emilio Serrano, informó que este miércoles presentará ante la Procuraduría General de la República (PGR) una demanda penal en contra de Molinar Horcasitas por su probable responsabilidad en el incendio de la guardería ABC.
    Dijo que el cargo que se le imputa al exdirector del IMSS es por violación al artículo 214, fracción VI del Código Penal Federal, sobre “ejercicio indebido del servicio público”.
    “Y hay elementos suficientes para que surta efecto”, comentó el legislador perredista.
    Adelantó que la denuncia penal en contra de Molinar será la primera que presentará y luego hará en forma paulatina otras en contra de diferentes involucrados en el incendio ocurrido el 5 de junio del año pasado, “como lo denunció el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar”.
    El también diputado federal del PRI, Germán Contreras, comentó que sobre el terma es urgente dar certeza legal al tema de la guardería ABC, además de comprometerse a respaldar al legislador perredista en su demanda penal.
    “Hay que darle seguimiento, ya que así como el caso ABC hay otros asuntos que no cuentan con certidumbre legal y seguridad”, observó el diputado del PRI.

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