Exigen eliminar políticas represivas contra jóvenes

jueves, 19 de agosto de 2010

MÉXICO, D.F., 19 de agosto (apro).- Representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial y de organismos no gubernamentales demandaron este jueves poner mayor atención a la juventud mexicana que hoy en día vive, dijeron, en un contexto complicado porque enfrenta un ambiente hostil y de altísima violencia.
“Tenemos noticias todos los días de la incorporación de jóvenes a la delincuencia organizada; sabemos de la situación de muchos de ellos que no tienen opciones para estudiar, para trabajar, y desafortunadamente es ahí donde se construye la clientela del sistema de justicia para adolescentes”, afirmó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia.
Al participar en la inauguración del “Foro Internacional: La Justicia para Adolescentes y Medidas en Libertad”, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), el ombudsman capitalino señaló que las autoridades aún no ha logrado superar la visión existencialista y tutelarista que impregna las políticas públicas para la juventud en el país y en la capital.
Asimismo, criticó la Ley de Justicia para Adolescentes, en virtud de que, agregó, ha producido una gran cantidad de internamientos de jóvenes, contrariamente a lo que el espíritu de la reforma constitucional planteaba.
En ese contexto, exhortó al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a asumir los retos que le presenta el sistema de justicia para adolescentes y producir cambios que tengan efectos afuera de él, porque “se sigue atrapado en la paradoja de tratar de reinsertar a la juventud precisamente encerrándolos”, dijo.
Y añadió: “Tengo la firme convicción de que el avance que se logre en el tema de adolescentes seguramente se reflejará después en la justicia penal de adultos, que también es un desastre”, comentó.
El magistrado presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, admitió que el encierro institucional es una acción que se ha utilizado de más en los casos justiciables.
“Hemos abusado de esa medida radical y de extremo y no se pueden presentar resultados alentadores”, aceptó.
Elías Azar comentó que en todo el mundo la prisión está en crisis, por lo que se deben encontrar medios alternativos que den verdaderas respuestas del poder público ante la infracción penal.
Por ello, se pronunció por impulsar y favorecer la reintegración social de los adolescentes. “La infracción penal de un joven no es sino una bofetada a la sociedad entera”, dijo.
En su oportunidad, Susana Sottoli, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México, expresó la necesidad de promover la reintegración social y familiar de los adolescentes que resulten responsables de la comisión de un delito, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos de los demás.
Latinoamérica, dijo, atraviesa por momentos difíciles por los altos índices de violencia y criminalidad que hacen propicia la tentación de recurrir a políticas represivas o de mano dura. Esta política, dijo, lejos de contribuir a alcanzar soluciones, refuerzan la criminalización y estigmatización que pesa sobre los adolescentes.
Por ello, añadió, es urgente impulsar iniciativas dirigidas a generar mejores condiciones de vida y oportunidades de desarrollo para adolescentes, mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas integrales con enfoque de derechos.
En su turno, el presidente de la Fundación Mexicana de Reintegración Social, REINTEGRA, AC, Carlos Pérez Verdía, llamó al gobierno de la Ciudad de México a reconvertir las unidades especializadas de mujeres y hombres, en especial la Comunidad para Adolescentes de San Fernando, en instituciones modelo.
Además, propuso impulsar la participación obligatoria de los padres de familia en las labores de prevención y rehabilitación de sus hijas e hijos en conflicto con la ley.
“No sobra reafirmar que el éxito y fracaso futuro de la juventud está en la salud familiar, apoyémosla integralmente”, subrayó.
En respuesta, el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, detalló que sólo tres de cada 10 jóvenes del país alcanzan a estar incluidos en el sistema educativo, por lo que las políticas públicas del país, expresó, deben ir hacia la inclusión de las y los jóvenes al sector educativo y no a inyectarle recursos a la seguridad pública.
Y afirmó que en Distrito Federal tienen “más o menos 230 mil jóvenes de educación media superior con becas, lo que permitió que la tasa de deserción escolar en la ciudad bajara del 22% a un poco menos del 6%”.
En tanto, el vicepresidente de Américas Defensa de Niñas y Niños Internacional, Marcos Guillén, aseguró que en América Latina hay una tendencia hacia la criminalización de la juventud, que se refleja en el aumento de proyectos inclinados a bajar la edad penal y a disminuir sus garantías y derechos.
Esta visión reducida, advirtió, afecta la posibilidad de mediano y largo plazo de conformar sociedades integradas y democráticas, en la que cada uno de los sectores se pueda pensar integrado entre el Estado y la sociedad civil.

cvb
--fin de texto--

EOF