Niega gobernador de Durango haber "vendido la plaza" al narco

lunes, 2 de agosto de 2010

MÉXICO, D.F., 2 de agosto (apro).- El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, rechazó las acusaciones del candidato de la coalición “Durango nos une” (PAN-PRD-Convergencia), José Rosas Aispuro, sobre sus presuntos nexos con el narcotráfico y lo emplazó a que prueba sus dichos “en el terreno de un proceso jurídico”.

Este lunes 2, después de una gira por la capital del estado, el gobernador respondió a las acusaciones que hizo el candidato por medio de la revista Proceso, en su edición 1761, que actualmente está en circulación.

El semanario Proceso publicó declaraciones del candidato opositor José Rosas Aiuspiro, en las que acusa al gobernador Ismael Hernández Deras, de “haber vendido” la plaza a los cárteles del narcotráfico.

Rosas Aispuro reiteró que el crimen organizado y los cárteles de la droga ayudaron al gobernador de Durango a perpetrar el fraude electoral en la entidad para que llegara al poder Jorge Herrera Caldera.

Hoy, el gobernador calificó de “calumnias” las declaraciones del candidato aliancista, y lo emplazó a presentar pruebas de sus dichos.

“Ha dicho muchas calumnias y no ha comprobado alguna de ellas; sus dichos deben pasar a un proceso jurídico para que todo perfectamente claro”, sentenció. 

Hernández Deras dijo que las “calumnias” de Rosas Aispuro “representan una canallada más en el terreno de la libertad de expresión en la que viven los mexicanos”, y confió en que “en el terreno de algún proceso demuestre con elementos concretos sus dichos”.

Por otra parte, el gobernador se refirió a la ola de violencia que azota al país y al estado. Dijo que es producto de la presión que ejerce la delincuencia organizada para inhibir la lucha contra el crimen y hacerse del control del sistema penitenciario.

Entrevistado durante una gira de trabajo por Durango, la capital del estado, Hernández Deras afirmó que “el sistema penitenciario en el país está recibiendo una fuerte y grave presión del crimen organizado para controlar los penales del país.

En ese sentido, se pronunció por que se imponga un “castigo ejemplar” para quienes “violentaron” el Centro de Readaptación Social 2 de Gómez Palacio, donde se descubrió que varios internos tenían permiso de las autoridades penitenciarias para salir por las noches a secuestrar y ejecutar a delincuentes rivales.

Demandó llegar “fondo de la investigación” para que “los laguneros, los duranguenses y los mexicanos”, en general, vean “que las autoridades realizan, con todo el peso de la ley, los castigos a quienes hayan estado involucrados o involucradas en este caso, en hechos tan lamentables que lastiman y traicionan a la familia”.

Señaló que quienes permitían a los reos que salieran a delinquir “tracionaron” sus jefes, a quienes los nombraron, por lo que se congratuló que la Procuraduría General de la República haya iniciado un proceso jurídico para descubrir a los responsables. “Esperemos que, caiga quien caiga, del tamaño que sea y con todo el peso de la ley, se castigue a las y los responsables de estos hechos que tanto han lastimado a México”, reiteró.

Actualmente, se encuentran arraigados por un periodo de 40 días, la exdirectora del Cereso, Margarita Rojas, así como Carlos Alberto Urnaga Corona, exsubdirector del penal; José Guadalupe Díaz Ordaz, exjefe de Custodios, y Roberto Enríquez Aguayo, exencargado de Turno.

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