Peor que la Ley Televisa

sábado, 21 de agosto de 2010

En un proceso tachado de ilegal y con numerosos factores en contra, el gobierno calderonista decidió entregarle a Televisa y a Nextel la parte más jugosa del espectro radioeléctrico, el de los 30 megahertz de cobertura nacional, a un precio 28 veces inferior al valor real de esa banda. Una de las lecturas que se hacen acerca de esta concesión de escándalo es que Los Pinos ya pactó con la empresa de Emilio Azcárraga Jean con miras al proceso electoral de 2012.

Con sólo dos votos a favor de los cinco que pueden ser emitidos en el seno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), pasando por alto un punto de acuerdo de las fuerzas políticas del Congreso (que instaba a declarar desierta la licitación), violando dos resoluciones judiciales que ordenaron la suspensión cautelar de la licitación de la banda 1.7 Ghz, el gobierno de Calderón decidió entregarle a Televisa y Nextel el espectro más valioso (los 30 Mhz de cobertura nacional) de la telefonía móvil a precio de ganga: 180.3 millones de pesos.

El título de concesión establece que Televisa y Nextel pagarán por ese espectro radioeléctrico 28 veces menos que su valor de mercado, según cálculos de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi). También dejará ocioso un recurso, propiedad de la nación y que no se licitó: el otro bloque de 30 megahertz (Mhz), pues los dos únicos postores que cumplían los requisitos de las bases y de la Comisión Federal de Competencia (Televisa y Nextel) decidieron aliarse en lugar de competir “con el objeto de bloquear la entrada a otros posibles competidores”, según el especialista Ramiro Tovar Landa.

El fallo de la Cofetel fue calificado de “inconstitucional, ilegal e inmoral” por el diputado panista Javier Corral, quien argumentó que la decisión tomada el lunes 16 “no se apegó a la ley, toda vez que una minoría de dos comisionados pretende adjudicarse una decisión que por lo menos deben tomar tres de los cinco comisionados que integran el pleno”.

Corral anunció que, con otros legisladores e integrantes de la Amedi, iniciará una estrategia para impugnar la decisión que viola los artículos 28 y 134 constitucional, ya que la licitación favorece la concentración del espectro en favor de Televisa y la adjudicación “no asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

En medio de presiones y cabildeos hacia la Cofetel y la Comisión Federal de Competencia y entre organismos de telecomunicaciones, como la Canieti y la Canitec, encabezados por los vicepresidentes ejecutivo, Alfonso de Angoitia, y de Finanzas, Salvi Folch Viadero, de Televisa, cuatro de los cinco integrantes de la Cofetel sesionaron, pero sólo dos votaron a favor: el nuevo presidente de la comisión, Mony de Swaan, y Gonzalo Martínez Pous, exresponsable jurídico de la SCT.

De los otros dos comisionados, Rafael del Villar presentó un documento de 170 cuartillas para argumentar que hubo desinformación en el proceso de licitación y que después de tres meses de haberse iniciado el procedimiento, él se dio cuenta de que era necesario cambiar las bases, que favorecieron ampliamente a Televisa y Nextel.

El comisionado Ernesto Gil Elorduy, exsenador del PRI, se abstuvo en la votación pues aseveró que hay medidas cautelares ordenadas por un juez de Guerrero y otro de Tamaulipas contra la licitación. El comisionado José Luis Peralta, el único que no asistió a las sesiones del 13 y del 16 de agosto, recordó en un oficio que desde diciembre de 2009 recomendó modificar las bases de licitación.

Extracto del reportaje que se publica en la edición 1764 de la revista Proceso, ya en circulación.

 

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