MEXICO, DF, 23 de agosto (apro).- Al menos 13 expolicías de Tijuana, Baja California, quienes padecieron tortura y arraigo en instalaciones militares, fueron puestos en libertad y exonerados de cargos de delincuencia organizada desde el viernes pasado, confirmó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
De los 25 uniformados detenidos en marzo de 2009 y trasladados al penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, destacó la ONG, 13 fueron liberados luego de que un juez de distrito en Chihuahua, donde fue remitido el caso, determinó la ausencia de “pruebas para procesar”.
Los 25 agentes, entre ellos una mujer, fueron detenidos por órdenes del secretario de Seguridad Pública de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola, así como por el director de la policía municipal, capitán Gustavo Huerta, y llevados a las instalaciones del 28 Batallón de Infantería, conocidas como el Aguaje de la Tuna.
Según su testimonio, los expolicías estuvieron arraigados casi 40 días en esas instalaciones, fueron torturados y algunos incluso obligados a firmar documentos que no leyeron (Proceso 1701 y 1722).
La abogada Mayra López, representante de la CMDPDH, subrayó que con la liberación de los uniformados se demuestra que, en los casos de crimen organizado, “las autoridades no están realizando un trabajo exhaustivo en la investigación policial, fundamentando sus acusaciones sólo en confesiones arrancadas con tortura”.
Dijo que por esa razón llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y continuarán insistiendo en que se esclarezcan los hechos de tortura a los que fueron sometidos los 25 expolicías municipales.
“El juez de distrito ordenó la liberación de 13 simplemente por fallas en la integración de la consignación y posterior orden de formal prisión, pero no se pronunció en cuanto a las denuncias de tortura que los exagentes alegaron cuando rindieron sus declaraciones ante el juez de la causa”, destacó Mayra López.
Desde el año pasado, recordó, “los mismos familiares interpusieron quejas ante diferentes instancias por los hechos de tortura, sin que a la fecha hayan procedido las investigaciones, por lo que con las 13 liberaciones lo que pretendemos es continuar y alimentar los expedientes ya abiertos para que se castigue a los responsables”.
En algunas de las denuncias, los expolicías responsabilizan de las torturas a Julián Leyzaola y Gustavo Huerta.
La defensora también recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tampoco ha dado respuesta a las quejas interpuestas desde el año pasado, a pesar que desde septiembre de 2009 se aplicaron a los exagentes municipales pruebas médicas y psicológicas para determinar si fueron víctimas de tortura, en el procedimiento conocido como Protocolo de Estambul.
Los expolicías puestos en libertad son Blanca Berenice Huízar Murguía –que estaba recluida en el Centro de Readaptación Social Venustiano Carranza, en Tepic--; Jorge Ernesto Pérez Avendaño, José Roberto Castillo Ortiz, Manuel Adelmo Olivo Coss, Manuel Guerrero Flores y René Cristian Huante Mondragón.
Además de Gerardo Garduño Escobar, Jorge Sánchez Reyes, Miguel Ángel Mesina López, Artemio Duarte Martínez, Rolando Saldaña Chacón, Alfredo Cuevas Higuera y Roberto Zaragoza Martínez.
Por cierto, Mesina López es padre de Blanca Mesina quien, junto con Silvia Vázquez --ambas colaboradoras de la CMDPDH y de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)--, debió huir de Tijuana por las amenazas de muerte que recibieron y la incapacidad de los gobiernos federal y estatal para garantizar su vida y su trabajo (Proceso 1759).
Al salir de la cárcel, Mesina López aseguró que “seguirá la lucha por liberar a los 12 compañeros que siguen en prisión y para que se castigue la tortura” a la que fueron sometidos por militares durante su detención y arraigo.
Incluso el caso fue retomado por Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW).