Exige GDF a Guanajuato reparación del daño a mujeres presas por abortar

lunes, 23 de agosto de 2010

GUANAJUATO, Gto., 23 de agosto (apro).- La directora del Instituto de la Mujer del Distrito Federal, Martha Lucía Micher Camarena, exigió al gobierno del panista Juan Manuel Oliva la reparación del daño y la sanción a funcionarios y médicos que criminalizaron a las mujeres encarceladas por abortar.
Malú Micher, en compañía del diputado local José Luis Barbosa, visitó por segunda ocasión a cinco mujeres recluidas en el Centro de Readaptación Social de Puentecillas, quienes fueron juzgadas por “homicidio en razón de parentesco”.
Una vez que el gobernador envió al Congreso local una iniciativa para reformar el Código Penal y reducir la sanción al homicidio en razón de parentesco, los legisladores la turnarán a comisiones el próximo jueves, y su eventual aprobación daría la posibilidad a estas mujeres de alcanzar su preliberación y salir anticipadamente de la prisión, según el planteamiento hecho por el Ejecutivo estatal.
En tanto, Barbosa Hernández dijo que se pretende que esta reforma “sea aprobada cuanto antes, para que las mujeres (siete en total) queden en libertad”.
Sin embargo, el diputado también lamentó que el gobernador Oliva no esté acatando plenamente la recomendación de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos (PEDH), “que sugirió legislar específicamente contra la violencia hacia las mujeres”.
Luego el legislador perredista consideró que las aún presas “son libres, inocentes, y se les está haciendo pagar caro un asunto ideológico por parte del gobierno, es un asunto que no debe terminar con la preliberación. De lo que nos dijeron, se confirma que ellas van a seguir luchando para que quede demostrada su inocencia”.
La directora del Instituto de la Mujer –también exdiputada local y excandidata a gobernadora en la entidad-- y Barbosa estuvieron por casi una hora conversando con cinco de las siete mujeres cuyos casos llegaron hasta la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Por cierto, la ONU-DH hizo varias recomendaciones y observaciones al gobierno estatal panista, incluyendo al sistema de impartición de justicia y a los legisladores locales.
“Vine hace 15 días y sus rostros son otros; saben todo lo que está pasando afuera, están perfectamente informadas de lo que se ha logrado… no han tomado aún la decisión de lo que van a hacer (pero) están muy esperanzadas por lo que pasa, y quieren seguir luchando desde adentro y afuera”, comentó Micher Camarena al salir del penal.
“Les dije, desde mi opinión y derecho a decir lo que pienso, que tienen que exigir la reparación del daño, porque no es lo mismo el perdón que la reparación del daño, por los años que vinieron a verlas sus padres, los sueldos que dejaron de percibir, todas las injurias, los tratos de funcionarios y funcionarias.
“Aquí se trata de un asunto integral, no sólo de una reforma. Guanajuato tiene una oportunidad histórica para recuperar los principios de la Revolución, de la Independencia, y no volver al siglo XIX, cuando las mujeres eran presas de sus cuerpos… ¿de qué se les va a perdonar; de ser pobres, de estar desinformadas, de ser mujeres?”, reviró Micher.
Y reprochó la postura del ombudsman Gustavo Rodríguez Junquera, quien en su recomendación al gobernador afirmó que las mujeres fueron debidamente procesadas y no hubo irregularidades en sus casos.
“Es que no sé con qué lentes se puso a leer los expedientes: si se puso a leer con los lentes de la misoginia, del Yunque, de los principios religiosos, pues obviamente no ven daño a nadie”, acusó Micher.
Enseguida agregó que las siete mujeres “son presas de una política de Estado; el Estado tiene la obligación de garantizar sus derechos, absolverlas, pedirles perdón y castigar a los funcionarios que las llamaron perras, o a los médicos que se convirtieron en sus jueces”,
Ésa debería ser la reparación del daño, concluyó.

mav
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