MÉXICO, D.F., 24 de agosto (apro).- México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el Continente Americano, afirmaron hoy los relatores especiales sobre libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.
    Al concluir hoy su visita al país, iniciada el 9 de agosto, los relatores especiales aseguraron que ante la violencia desatada contra periodistas, que en los últimos diez años ha dejado un saldo de 64 muertes y 11 desapariciones, la “responsabilidad final es del gobierno de México”.
    En conferencia de prensa, La Rue y Botero presentaron un informe preliminar en el que señalaron que “desde el año 2000 México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas”.
Asimismo, reprobaron que el gobierno federal utilice la publicidad oficial como “mecanismo para presionar y castigar o premiar y privilegiar a los medios de comunicación en  función de sus líneas informativas”.
En su informe los relatores pusieron como ejemplo el caso de la revista Proceso, que “interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dado que el gobierno federal dejó de contratar con ella publicidad oficial, a pesar de que la revista tiene “una amplia y reconocida circulación”.
    Dos horas antes de su exposición ante la prensa, el director de Derechos Humanos y Democracia, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, y el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Héctor Villarreal Ordoñez, ofrecieron una conferencia de prensa para adelantar una respuesta al informe que más tarde darían a conocer los relatores especiales.
    En la conferencia gubernamental –en la que sólo se permitieron tres preguntas--, tanto Negrín como Villareal sostuvieron el discurso que, por lo menos, desde 2007 ha asumido el gobierno de Felipe Calderón frente a organismos internacionales:
“La amenaza más grave contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión a través del periodismo, la constituyen las organizaciones criminales que victimizan a la sociedad, vulneran a las instituciones y acosan a los comunicadores en el cumplimiento de su función social, especialmente en algunas regiones del país.”
    Aunque durante la conferencia convocada por la cancillería y la Secretaría de Gobernación se dijo que en una reunión previa los relatores quedaron convencidos del discurso gubernamental, en su exposición De la Rue y Botero insistieron en que “cualquiera que sea el caso de violencia, la responsabilidad final recae en el gobierno”.
    Los relatores dieron su informe preliminar después de reunirse con funcionarios de más de 40 instituciones públicas federales y estatales, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; con representantes de órganos autónomos; con cerca de 100 periodistas y representantes de organizaciones civiles y familiares de comunicadores asesinados, así como con extranjeros radicados en México.
    Frank de la Rue destacó que antes de la visita solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores una entrevista con Felipe Calderón; pero que en la agenda no fue incluida su petición.
    Catalina Botero, por su parte, resaltó que en los diversos encuentros que tuvieron con las autoridades federales  se insistió en que “cuando un periodista critica o los cuestiona (a los funcionarios)  no está del otro lado (de la delincuencia), sino que está del lado de la democracia; que cuestionar, criticar, vigilar e investigar es justamente la labor de la prensa en una democracia”.
    Las observaciones preliminares de los observadores se agruparon en cuatro temas: Violencia, impunidad y autocensura; Libertad, pluralismo y diversidad en el debate democrático; Acciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, y Acceso a la información.
    En el primer capítulo, los relatores coincidieron en que “existe un clima de impunidad generalizada respecto a los casos de violencia contra las y los periodistas, aun respecto a los hechos más graves como asesinatos, desapariciones y secuestros”.
    Frank de la Rue se dijo estar “sorprendido” de que, con excepción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno mexicano no documente las agresiones contra periodistas. “No es posible que tratándose de un fenómeno tan cruento como la violencia contra la prensa no haya un ente del Estado que lleve toda la información que, por lo menos, compile la información y la recolecte; que le dé seguimiento, incluso a los familiares de las víctimas.”
     En cuanto al segundo tema, los relatores lamentaron que la libertad de expresión esté limitada por “la alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación, a los que se han asignado frecuencias de radio y televisión; por la ausencia de un marco jurídico claro certero y equitativo en materia de asignación de dichas frecuencias; por la inexistencia de mecanismos de acceso a medios alternativos de comunicación y por la falta de regulación de la publicidad oficial”.
En ese apartado, mostraron su preocupación por “una emergente tendencia a restringir el derecho al acceso a la información pública”.
    Sobre la criminalización de la libertad de expresión, los relatores mostraron su preocupación porque en los códigos penales de 15 entidades, se mantengan los delitos contra el honor, a pesar de que en el ámbito federal ya fueron derogados.
    En cuanto al acceso a la información, resaltaron que los avances a nivel federal chocan con limitaciones en algunas entidades y municipios para acceder a información pública, mientras que órganos del Poder Judicial aceptan litigar resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
    Entre las recomendaciones que hicieron los relatores destacan el fortalecimiento de la Fiscalía para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República (PGR); capacitar en materia de libertad de expresión a las fuerzas de seguridad; legislar un marco normativo para “la desconcentración de la radio y televisión”, que permita la creación de radios comunitarias, así como la creación de un órgano público independiente del gobierno que regule la radio y la televisión.
    También aconsejaron derogar tipos penales que criminalizan la libertad de expresión y garantizar que los periodistas “no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico”; preservar los avances en materia de acceso a la información y “profundizar en el sistema de procuración y administración de justicia”, para dar acceso a las sentencias judiciales.