MÉXICO, D.F., 25 de agosto (apro).- Estados Unidos, Brasil, Ecuador, El Salvador y Guatemala, así como la organización Amnistía Internacional (AI) condenaron la masacre de 72 indocumentados en un rancho del poblado de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, mientras que el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores ofreció apoyo a los familiares de las víctimas. 
Después de la conmoción internacional que provocó el hallazgo de los cadáveres, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, condenó los hechos y calificó como “una gran tragedia” la ejecución de 54 hombres y 18 mujeres, supuestamente, a manos del grupo criminal Los Zetas.
Las víctimas intentaban cruzar la frontera de Estados Unidos. Por estos hechos, la Procuraduría General de la República (PGR) inició la averiguación previa PGR/TAMPS/MAT-III/2194/2010.
Más tarde, el gobierno de Brasil, a través del vicecónsul en México, Juan Carlos Zaidan, confirmó que entre las 72 víctimas había ciudadanos brasileños.
"Los primeros informes dan cuenta de cuatro brasileños entre las víctimas. Pero no hay nada confirmado. Este número podría ser incluso mayor", refirió el diplomático en una entrevista con el diario O Globo, de Brasil.
Por su parte, el gobierno de Ecuador, ordenó a su embajada en México que se movilice “de inmediato” para verificar si entre las víctimas existen ciudadanos ecuatorianos. El único sobreviviente de la masacre y que dio aviso a las autoridades fue, precisamente, un indocumentado originario de Ecuador.
El canciller Ricardo Patiño aclaró que aun no tienen información sobre presuntos ecuatorianos asesinados.
En tanto, en El Salvador, el gobierno del presidente Mauricio Funes, condenó la matanza de los 72 indocumentados, entre los cuales se sospecha que hay varios salvadoreños, y exigió, además, una investigación exhaustiva de los hechos para dar con los responsables. Demandó que la masacre no quede en la impunidad.
“Estamos muy impactados por este hecho y eso reafirma nuestra lucha para seguir protegiendo a nuestros compatriotas en cualquier parte donde se encuentren”, dijo hoy el ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez.
Por medio de un comunicado, la cancillería salvadoreña lamentó los hechos, aunque aclaró que por el momento “no se tiene información precisa sobre el número de compatriotas que habrían sido asesinados o la identidad de éstos".
Asimismo, anunció que el cónsul de El Salvador en Monterrey, José Mario Mejía, viajará al lugar de la matanza para efectuar una investigación "in situ"; y anticipó que se brindará la asistencia necesaria a las familias de los fallecidos para la repatriación de sus restos.
La misma condena fue emitida por Guatemala, aun cuando los informes preliminares no han informado si algún ciudadano guatemalteco se encuentra entre las víctimas.
El gobierno del presidente Álvaro Colom, “condena de forma enérgica” la masacre, informó la cancillería guatemalteca.
Mientras tanto, para la organización Amnistía Internacional (AI) la masacre será un "emblema" para definir la capacidad del Estado mexicano para evitar los abusos contra los indocumentados.
En declaraciones a la agencia AFP, el director de AI en México, Alberto Herrera, afirmó: “Este caso, después de que las autoridades hayan precisado su documentación, se va a convertir en un emblema de la capacidad o incapacidad para hacer frente" a los abusos contra los indocumentados en México, que incluyen denuncias de miles de secuestros anuales.
Según estimaciones de organismos defensores de los derechos humanos de los migrantes, cada año cruzan por México aproximadamente 200 mil indocumentados, principalmente centroamericanos, en su intento por cruzar ilegalmente la frontera de Estados Unidos. El año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estimó que, por lo menos, 10 mil inmigrantes ilegales fueron “secuestrados” en el primer semestre de 2009.