SAN JOSÉ, Costa Rica, 26 de agosto (apro).- Con voz cortada para evitar el llanto, Rodolfo Montiel clamó ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh): “¿Por qué tanto rigor para quienes defendemos a los árboles? ¿Qué delito hicieron los árboles para que los tiren? ¿Por qué tanta dureza en contra de nuestros bosques y campesinos? ¿Qué no saben los que están en las oficinas que los campesinos son los que les dan de comer?”
Han pasado once años desde que fuera Rodolfo Montiel detenido y torturado, junto con Teodoro Cabrera García, por efectivos militares del 40 Batallón de Infantería de Ciudad Altamirano, Guerrero; hoy, frente a la Coidh, narró con detalle la persecusión militar que padeció junto con su compañero, auspiciada por caciques regionales. Su delito: la defensa de los bosques desde la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP).
La declaración del líder ecologista se dio en el marco de la sesión pública de la Coidh para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la captura y posterior tortura de Montiel y Cabrera.
Ambos dirigentes fueron sometido a “tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraban detenidos y bajo custodia del Ejército Mexicano”, además de que no fueron presentados de inmediato, como lo exige la ley, “ante un juez u otro funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales que controlara la legalidad de la detención”, según establece la denuncia.
Detenidos el 2 de mayo de 1999, Montiel y Cabrera, conocidos como los “campesinos ecologistas”, fueron acusados por delitos contra la salud y portación ilegal de armas; condenados a seis y diez años de prisión, respectivamente, y puestos en libertad por orden del presidente Vicente Fox el 7 de noviembre de 2001, por “razones humanitarias”, sin declararlos inocentes.
El caso fue llevado ante la Coidh por una demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 24 de junio de 2009, luego de que el gobierno de Felipe Calderón, en representación del Estado mexicano, no acató recomendaciones hechas con anterioridad sobre una investigación para sancionar a los responsables de la tortura y que ésta se llevara a cabo en instancias civiles y no militares.
La representación de las víctimas estuvo encabezada por Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Alejandra Nuñó, del Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil); mientras que por la CIDH, Rodrigo Escobar Gil. el Estado mexicano estuvo representado por el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín.
Rodolfo llegó a Costa Rica procedente de Estados Unidos, donde vive en calidad de asilado desde hace cinco años –debido la persecución de la que ha sido víctima-- y se reunió con su mujer, Ubalda Cortés, a quien no veía desde que salió de México.
    Fundador de la OCESP, Montiel Flores narró que desde 1995 los campesinos de la sierra de Guerrero empezaron a organizarse ante la tala inmoderada que lleva a cabo la empresa estadunidense Boise Cascade; recordó que desde 1997 estaba en la mira de militares “al servicio de caciques” que intentaron detenerlo.
    A nombre suyo y de su compañero, Montiel negó las acusaciones que hizo el gobierno mexicano para encarcelarlo. “Nunca hemos tenido armas, porque nosotros luchamos a favor de la vida”, dijo Montiel ante la pregunta del juez nombrado por el gobierno de Felipe Calderón, Eduardo Ferrer MacGregor.
    A petición del mismo juez –quien fue el único que lo interrogó—Montiel describió las secuelas físicas de la tortura, así como el dolor de haber sido obligado a no ver a su familia los últimos cinco años.
    El campesino guerrerense pidió a los jueces de la Coidh que ordene al Estado una investigación de las torturas que sufrieron él y su compañero; además, que se abra otra indagatoria contra los “magistrados, jueces y ministerios públicos corruptos” que avalaron las violaciones a derechos humanos contra ellos. También demandó atención médica y psicológica para él y su familia, y garantías de seguridad para sus abogados.
    Los representantes de las víctimas --el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), así como la CIDH--, en la audiencia presentaron los testimonios del perito en materia legal y asesor de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Francisco Coronado Franco, y el médico Christian Tramsen, integrante de la Asociación Médicos por los Derecho Humanos de Dinamarca.
    El primero constató que de forma sistemática las confesiones arrancadas con tortura son aceptadas como prueba por los jueces y que, por lo general, los defensores de oficio no ejercen una debida defensa de los inculpados, en tanto que el segundo ratificó el dictamen médico que en julio de 2001 firmó junto con su colega Morris Tidball—Binz, en el que certificaron las lesiones causadas por la tortura a Rodolfo y Teodoro.
    La representación del Estado mexicano aportó el peritaje de la médico legista adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), Juana María del Carmen Gutiérrez Hernández.
    Gutiérrez Hernández avaló los dictámenes médicos de las procuradurías General de la República, de Justicia de Guerrero, de  Justicia Militar y del Centro de Readaptación Social de Iguala, que rechazan que los campesinos ecologistas hayan sido torturados.
Este viernes los representantes de las víctimas, de la CIDH y del Estado, presentarán sus alegatos finales.