SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de agosto (apro).- Después de dos días de deliberaciones, el gobierno de Felipe Calderón desconoció la facultad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) para analizar el proceso judicial seguido en contra de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, integrantes de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP).
En representación del Estado mexicano, el director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Extreriores (SRE), Alejandro Negrín, negó, además, cualquier tipo de violación a las garantías de los campesinos ecologistas durante el tiempo que permanecieron retenidos por militares. Y también rechazó que se hayan violentado las garantías del debido proceso.
En el marco de la comparecencia de Rodolfo Montiel ante la Corte, Negrín manifestó que dicho tribunal internacional no tiene facultad para analizar de fondo el resultado de un juicio realizado en un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), toda vez que se convertiría en “un tribunal de alzada”.
Por su parte, los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), quienes defienden a Montiel y Cabrera, sostuvieron los señalamientos de tortura cometidos contra los campesinos por parte de los militares, para arrancarles confesiones autoinculpatorias que después sirvieron de base para que los jueces declararan a aquellos culpables de portacion de armas prohibidas, delito por el que fueron sentenciados a seis y 10 años, respectivamente.
En tanto, la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistió en su demanda de una investigación profunda en torno de la tortura cometida por los militares en un ámbito civil y no militar, como se hizo en este caso, y que se indemnice a las víctimas; además, exigió que se tomen medidas legislativas y administrativas de no repetición.
Los jueces de la Coidh, presididos por el peruano Diego García-Sayán, cuestionaron los dictámenes médicos presentados por el Estado para descartar la tortura, y advirtieron a las partes que el 5 de octubre próximo vence el plazo para que envíen documentación adicional a la expuesta en la audiencia, a fin de que el caso quede resuelto a finales de este año.
El caso de Montiel y Cabrera era el último que tenía la Coidh en contra del Estado mexicano por violaciones a derechos humanos.
El año pasado, el máximo tribunal interamericano revisó los casos de jóvenes asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido como Campo Algodonero, así como el de la desaparición forzada del líder campesino Rosendo Radilla Pacheco, hechos atribuidos al Ejército en 1974, durante la llamada “guerra sucia” en Guerrero.
En ambos casos, la Coidh halló a México responsable de violaciones a derechos humanos.
Este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también abordó los casos de violación sexual contra dos indígenas de Guerrero, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, hechos en que las víctimas acusaron a efectivos militares.
La próxima semana, los jueces deliberarán sobre la responsabilidad del Estado mexicano en ambos casos.