MÉXICO, DF, 3 de agosto (apro).- En un ejercicio inédito, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, admitió que la guerra que el presidente Felipe Calderón declaró al narcotráfico lleva un saldo de 28 mil ejecutados, la mayoría de ellos presuntamente vinculados a cárteles de las drogas.

“No hemos logrado recuperar las condiciones de convivencia en las zonas dominadas por el crimen organizado, tenemos una violencia creciente como todo mundo lo sabemos”, reconoció este integrante del gabinete de seguridad al participar en la segunda sesión del Diálogo por la Seguridad, organizado en el Campo Marte.

La cifra contrasta con la ofrecida por Arturo Chávez Chávez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), quien el 17 de junio pasado estimó que el número de homicidios rondaba los 24 mil.

Guillermo Valdés participó como primer orador en la segunda sesión del Diálogo por la Seguridad organizado en el Campo Marte. Ante académicos, representantes de organizaciones no gubernamentales y algunos analistas, el director del centro de inteligencia del país presentó una serie de estadísticas sobre la inseguridad pública.

Según datos oficiales, en los poco más de tres años del gobierno de Calderón se han generado unos 963 enfrentamientos en las calles, lo que significa un promedio de al menos uno diario.

Pese a ello, Valdés consideró que la respuesta de las fuerzas de seguridad al crimen organizado no tiene precedente, toda vez que se les han decomisado 330 millones de pesos y 4.11 millones de dólares en efectivo.

Aunado a lo anterior, dijo, se incautaron 34 mil 699 vehículos, 157% más que en el periodo del gobierno anterior, y unas 84 mil armas con un incremento de 200% respecto a los logros del sexenio pasado.

“Ha habido detenciones importantes de todos los cárteles, casi 20 mil gentes del cártel del Golfo-Zetas; 18 mil del Pacifico; 12 mil de Juárez, y 9 mil de los Beltrán Leyva.

“Las 84 mil armas decomisadas equivalen a ocho veces lo que se le ha incautado a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)”, ejemplificó Guillermo Valdés.

         Sin embargo, a los investigadores, académicos y periodistas presentes, la explicación del titular del Cisen les pareció insuficiente, toda vez que en materia de información y transparencia la batalla contra la delincuencia organizada ya se perdió.

Arturo Arango, investigador del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, advirtió que existe una debilidad estructural y una escasa calidad en la información del combate que las autoridades libarn contra la delincuencia.

“La información debe estar al alcance de todos, sobre los delitos que ocurren, dónde y qué se está haciendo, que los estados tengan la voluntad política para disponer de información”, sugirió.

Por su parte el analista e historiador Héctor Aguilar Camín provocó que a Calderón se le descompusiera el rostro, cuando sostuvo que el gobierno federal es incapaz de “disparar información siquiera en defensa propia”.

En el Casino Militar, ubicado dentro del Campo Marte, el autor de Morir en el Golfo acusó: “Desde el punto de vista de la información, ustedes las autoridades nos tienen a los mexicanos en medio de un tiroteo del que no sabemos de dónde vienen los tiros (…) La guerra está perdida en el ámbito de la información y la opinión pública”.

Y luego ejemplificó con la reciente muerte del capo Ignacio Nacho Coronel en Jalisco, caso en el que –denunció Aguilar Camín-- el gobierno de Calderón ha sido incapaz de explicar su alcance y significado o aclarar cómo es que dieron con el paradero de este personaje.

“Y ahí es donde digo que no disparan en materia de información ni en defensa propia. Perder la guerra en la opinión pública es también perder credibilidad del gobierno en otros ámbitos, no sólo en materia de seguridad”, acotó.

“Uno no entiende –apuntó-- por qué se reservan esa información, por qué no tienen una estrategia puntual para estar informando al público de las cosas que conocen; no me refiero a los temas que afecten la confidencialidad de las estrategias, sino de información pública, continua y sistemática”.

Al respecto, otros de los académicos, entre ellos Arturo Arango, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad; Sergio López Ayllón y Mauricio Merino, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como Eduardo Guerrero, de Latina Consultores, protestaron enérgicamente por la postura del gobierno en cerrar la información estadística que sirve para analizar qué está pasando en México.

Eduardo Guerrero dijo incluso que, con esa actitud, el gobierno de Calderón se ha empeñado en privilegiar una estrategia de combate, de presencia del Ejército en las calles y de atrapar delincuentes por encima de procurar al mismo tiempo bienestar social.

Fue entonces cuando Calderón intervino para pedirle que pusiera ejemplos concretos de otros países que hayan logrado abatir a la delincuencia organizada sin causar “daños colaterales”.

El especialista comentó que esto es como un juego de billar en el cual se sabe que cuando una bola entra en la buchaca, se moverán las demás colocadas en ese paño verde.

O sea, que cuando se detiene a alguien hay que medir las consecuencias que se vendrán encima, a fin de prevenirlas.

“Pero bueno, estamos claros que primero hay que meter las bolas”, respondió Calderón con una sonrisa irónica para luego comentar que su gobierno ha tenido errores en la estrategia de comunicar lo que pasa.

Sin embargo, afirmó no hay una actitud de ocultar información para mantener a la sociedad al margen de las operaciones militares.

No obstante, el investigador Mauricio Merino señaló que sí hay una intención de hacer del gobierno una “caja negra”, y señaló directamente a la PGR como la responsable de intentar frenar y hostigar al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

Además, agregó, no puede descartarse que esa actitud de cerrazón pueda estar motivada en fines políticos.

En un intento por recomponer las cosas, Calderón ofreció a sus invitados especiales una nueva reunión en la que mostrarán una base datos completa sobre homicidios, regiones en que se cometen, perfil de los delincuentes y condiciones económicas de los sicarios antes de ser reclutados.

Al final de la reunión, Apro pidió al director del Cisen, Guillermo Valdés, una copia del documento desclasificado, toda vez que era ilegible para quienes no se encontraran cerca de las pantallas de televisión.

Sin embargo, el funcionario federal dijo que no podía atender la petición, pues “el presidente pidió (el documento), ya que debía hacer correcciones”.