OAXACA, Oax., 30 de agosto (apro).- La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos denunció hoy que en los últimos 14 años se han registrado más de 22 desapariciones forzadas en la entidad y que la mayoría de ellas involucran a personas presuntamente vinculadas con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
            En el marco del “Día Internacional del Detenido-Desaparecido” y como parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, dicha organización aseguró que ese delito de lesa humanidad “es una práctica sistemática” del Estado mexicano contra activistas, luchadores sociales y opositores políticos.
             Isaac Torres Carmona, responsable del área jurídica de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que la desaparición forzada de persona “es una realidad vigente en México, ya que desde los años 60 del siglo pasado a 2000, se han documentado mil 300 casos”.
             Señaló que, en el caso de Oaxaca, la referencia es 1996, cuando el Estado desató “una guerra de baja intensidad” en la región de los Loxicha y “desapareció” a 15 personas, entre ellos indígenas, maestros, un periodista y un pintor, todos acusados de tener vínculos con el EPR.
             Por su parte, Juan Sosa Maldonado, dirigente de la Organización de Pueblos Indígenas (Opiz), sostuvo que los casos que más llaman la atención son los de Felipe de Jesús Antonio Santiago y Marcelino Santiago Pacheco, debido a que “estuvieron desaparecidos nueve meses y luego fueron presentados en diferentes cárceles del estado”.
            El propio Sosa Maldonado, quien permaneció “desaparecido” durante 25 días y luego recluido 15 meses en diversos penales, incluido Almoloya de Juárez, ahora Altiplano, estado de México, por su presunta “alta peligrosidad”, dijo que en la administración de Diódoro Carrasco se cometieron esos 15 delitos de lesa humanidad.
            Añadió que otro caso es el de Marcelino Santiago Pacheco registrado durante el gobierno de José Murat Casab y siete más se cometieron durante el sexenio de Ulises Ruiz Ortiz.
            Además, Sosa Maldonado se refirió a los casos de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes desaparecieron el 25 de mayo de 2007 y son reclamados por el EPR, y el de Lauro Juárez, integrante del Frente Popular Revolucionario (FPR), de quien se desconoce su paradero desde el 31 de diciembre de 2007.
             También, indicó, están los casos de las indígenas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui quienes desaparecieron el 5 de julio de 2007, y los de Sergio Bustamante y Alberto Santiago Velásquez, miembros de la Unión Campesina Democrática (UCD), desaparecidos el 20 de abril de 2008.
           A su vez, Margarita Cruz Sánchez, hermana del eperrista Gabriel Alberto, negó tener algún nexo con el EPR. “Nosotros, como familiares, luchamos por su presentación con vida y lo que hagan ellos (los eperristas) es independiente”, señaló.
            Agregó: “No es delito buscar a mi hermano. Sin embargo, por esa razón hemos sufrido hostigamientos y persecuciones. Nuestra esperanza es encontrarlos porque vivos se los llevaron y vivos los queremos”.
            En su oportunidad, Emelia Ortiz García afirmó: “El Estado mexicano no se conforma con matarnos de hambre y fomentar la explotación. Ahora ha desaparecido a nuestros hermanos Daniel y Virginia, quienes cumplieron más de cuatro años de la desaparición forzada por la violencia en la región Triqui.
           “La característica principal de un gobierno represor como el que tenemos hoy en nuestro país, es la desaparición forzada de personas”, dijo.
             Ortiz denunció otros dos casos de desaparición forzada en esa comunidad: los de Victoriano de Jesús y Nicolás Velázquez Martínez, desaparecidos el 10 de agosto de 2006.