MÉXICO, DF, 30 de agosto (apro).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, propondrá este martes al pleno que el Poder Judicial de la Federación acate la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en diciembre pasado sobre el caso Rosendo Radilla.
La propuesta de Cossío deriva de la “consulta a trámite” planteada por el presidente de la SCJN, Guillermo Ortiz Mayagoitia, sobre las medidas que deben adoptar los tribunales mexicanos como consecuencia del fallo de la Corte Interamericana que resultó adverso para el Estado mexicano.
El fallo establece la responsabilidad del Estado mexicano por la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla a manos del Ejército, en Atoyac de Álvarez, Guerrero, en 1974, durante la llamada guerra sucia.
La Corte Interamericana, cuya jurisdicción fue reconocida por el Estado mexicano en 1998, estableció que en esa época “en diversas partes del territorio mexicano tuvieron lugar numerosas desapariciones forzadas de personas”, pues el caso Radilla fue parte “de un patrón de detenciones, tortura y desapariciones forzadas de personas militantes de la guerrilla o identificados como simpatizantes” (Proceso 1729).
De aceptarse la propuesta de Cossío en el pleno de ministros, los tribunales mexicanos estarían en capacidad de investigar los 420 casos que en 2001 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó como desapariciones forzadas.
Más todavía, el órgano jurisdiccional interamericano cuestionó que el caso Radilla, en el que están acumulados otros 122 expedientes de desaparición forzada, haya sido investigado por tribunales militares y no civiles.
“El fuero militar sólo debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar”, por lo que “bajo ninguna circunstancia puede operar” en “situaciones que vulneren derechos humanos”.
Tanto en los casos de la guerra sucia, como en las violaciones a derechos humanos de civiles cometidas por militares durante la “guerra al narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón, la jurisdicción militar se ha encargado de las investigaciones al amparo del artículo 57 del Código de Justicia Militar.
La decisión que tome el pleno de ministros impactará en las discusiones que se darán en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que inicia mañana.
Calderón y la cúpula militar propusieron desde el periodo anterior reformar la Ley de Seguridad Nacional para legalizar la participación de los militares en el combate al narcotráfico, pero a pesar del fallo de la CoIDH se oponen a reformar el Código de Justicia Militar para garantizar que los militares que violen los derechos humanos sean juzgados por jueces ordinarios.