GUANAJUATO, Gto., 31 de agosto (apro).- El Congreso del estado aprobó reformas al Código Penal de Guanajuato para atenuar las penas por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, con el cual se castiga el aborto en la entidad.
    Minutos después de la modificación que reduce la pena de 35 años de prisión a entre 3 y 8 años, el gobernador Juan Manuel Oliva firmó el decreto de publicación que permitirá, en un primer efecto, tramitar la libertad de al menos cinco mujeres que abortaron y que actualmente cumplen condenas por el delito de “homicidio en razón de parentesco”.
Con esta reforma –que el gobernador propuso hace apenas una semana a los diputados locales-- Oliva pretende atender una observación hecha por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que consideró que se juzgó indebidamente a las mujeres sentenciadas por homicidio, cuando en realidad varias de ellas sufrieron abortos espontáneos.
Paralelamente, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Ejecutivo estatal para introducir una reforma que atenúe la pena de homicidio en el caso de aquellas mujeres que lo cometan en agravio de un hijo dentro de las 24 horas de nacido vivo y existan “motivaciones de carácter psicosocial”, entre éstas las condiciones del embarazo o incluso, el grado de marginación.
Esta reforma, en realidad, responde al escándalo internacional protagonizado por el gobierno panista encabezado por el panista Oliva Ramírez, luego de que activistas de derechos humanos denunciaron ante la ONU y otras instancias los casos de siete mujeres presas en cárceles del estado por “homicidio en razón de parentesco” en lugar de aborto, en virtud de que la penalidad es mucho mayor para el primero de estos delitos.
Una de ellas salió libre hace unas semanas, cuando un magistrado del Supremo Tribunal del Estado concluyó que no hubo elementos suficientes para comprobar que cometió infanticidio.
Organizaciones como el Centro Las Libres y el Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE) –que tomó la defensa legal de estas mujeres-- denunciaron que las detenidas fueron sujetas a un proceso indebido por una política de persecución, discriminación y prejuicios aplicada por los funcionarios del gobierno estatal. Y en una reciente visita, observadoras de la Oficina del Alto Comisionado ONU-DH coincidieron en esta denuncia y pidieron al gobernador Oliva y al Poder Judicial estatal revisar los expedientes de estas mujeres.
En lugar de esto, hoy el Congreso local dio una rápida salida a la reforma penal que, de inmediato, el gobernador decretó y dispuso su publicación, con la cual se podrá beneficiar a las mujeres presas y tramitar su liberación anticipada, con el argumento de que se trata de una “pena desproporcionada”, a pesar de que ésta fue producto de una reforma que se aprobó en el propio Congreso local hace seis años, en el 2004.
Aunque durante el debate para esta reforma –que fue aprobada con 34 votos a favor y uno en contra-- el perredista José Luis Barbosa recordó que hay otros muchos pendientes en las políticas de estado y leyes con las mujeres guanajuatenses.
La entidad sigue siendo la única del país que no tiene una Ley para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres, en homologación con la ley federal.
Al anunciar que el decreto se publicará mañana –y será vigente al cuarto día-- Juan Manuel Oliva insistió una vez más en negar que en las cárceles de Guanajuato haya mujeres presas por abortar.
Actualmente, el homicidio en razón de parentesco se castiga con hasta 35 años de prisión. Pero al aplicar la atenuante introducida por los legisladores, la pena iría de 3 a 8 años de prisión, lo que permitiría alcanzar el beneficio de la libertad anticipada.