MÉXICO, D.F., 31 de agosto (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión sobre los alcances que tendrá en el Poder Judicial de la Federación (PJF) el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla.
La sesión de este martes estaba prevista para discutir el proyecto del ministro José Ramón Cossío Díaz, quien propone que el Estado mexicano, en particular el PJF, cumpla con la sentencia que pide la revisión de la jurisdicción castrense para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares sean procesadas en tribunales civiles.
Sin embargo, la asamblea fue boicoteada por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el más conservador de la SCJN, quien deliberadamente alargó la discusión a fin de posponer una definición del pleno de ministros.
Anguiano logró meter en el debate “la falta de reglas” en la SCJN para cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana. Con ello, el tema se discutirá en la sesión del próximo jueves, cuando se definirá si es necesario que el pleno de ministros emita un acuerdo para establecer esas normas.
Con el apoyo del ministro Luis María Aguilar, Aguirre Anguiano pretendió imponer el criterio de que la Corte no había sido notificada formalmente por el gobierno de Felipe Calderón sobre el fallo del organismo jurisdiccional interamericano. A esa posición se sumó el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.
Por ocho votos contra tres, el pleno determinó que la publicación de un extracto de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación (DOF) era suficiente para que la SCJN se diera por notificada.
La mayoría determinó que, de esa manera, el presidente de la Suprema Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, podía hacer la “consulta a trámite” que solicitó para determinar los alcances del fallo de la Corte Interamericana en el Poder Judicial de la Federación.
La consulta recayó en Cossío, quien le reprochó a Aguirre sus constantes intervenciones para posponer la discusión del tema de fondo.
En su proyecto, Cossío indicó que la Corte Interamericana “no ordena a todos los tribunales mexicanos a ajustar todas sus decisiones a la jurisprudencia del sistema” (interamericano de protección de los derechos humanos).
La sentencia, añadió el ministro, “únicamente insta a la adecuación de las interpretaciones constitucionales… referidas a la jurisdicción militar por ser esa –como todos sabemos– la materia sustantiva del caso de Rosendo Radilla Pacheco”.
Radilla desapareció tras ser detenido en un retén militar en Atoyac de Álvarez en 1974, durante la “guerra sucia” contra los movimientos guerrilleros en México.
En caso de que el pleno decida que es necesario un acuerdo, pasarán varios meses antes de que el pleno discuta los alcances que tendrá en el PJF el fallo contra el Estado mexicano.
En el periodo que inicia el 1 de septiembre, el Congreso tiene como prioridad la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para reformar la Ley de Seguridad Nacional.
La iniciativa, que ya fue aprobada por el Senado, busca legitimar la presencia de los militares en el combate al narcotráfico, pero sin reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar.
Bajo esa disposición, los tribunales militares procesan los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por efectivos castrenses contra civiles, lo cual fue considerado como “inaceptable” en el fallo de la Corte Interamericana, por ser contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos.