Habrían pactado gobierno de EU y Osiel Cárdenas

miércoles, 4 de agosto de 2010

MÉXICO, D.F., 4 de agosto (apro).- El capo mexicano Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, negoció con el gobierno de Barack Obama un “Acuerdo de Culpabilidad” para reducir su pena y el monto de la sanción económica, a cambio de información sobre cómo operan los narcotraficantes mexicanos.

De acuerdo con la revista electrónica Contralínea, el gobierno de Estados Unidos dio un trato de “secreto de Estado” al proceso contra el capo mexicano y su posterior sentencia. Los pormenores fueron “sellados a perpetuidad”.

El 24 de febrero de este año, la juez Hilda G. Tagle, sorprendió a la comunidad internacional por la sentencia de 25 años de prisión y la multa de 50 millones de dólares que dictó contra Cárdenas Guillén; al principio del juicio, los fiscales estadunidenses exigía cadena perpetua y la confiscación de 300 millones de dólares.

Sin embargo, ahora se sabe que la reducción de la pena corporal y económica fue producto del acuerdo que negoció el capo con las autoridades estadunidenses.

La confidencialidad que han manejado el gobierno de Estados Unidos y la Corte sobre el “Acuerdo de Culpabilidad” llega al grado de no rebelar, siquiera, la ubicación de la prisión donde Cárdenas Guillén purgará su condena hasta el 1 de noviembre de 2028, cuando recién acabará de cumplir 60 años de edad.

Según Contralínea, “en negociaciones paralelas al juicio, en las que se mantuvo al margen a la Corte, el acuerdo se pactó mediante los cuatro despachos texanos que Cárdenas contrató para su defensa. Uno de ellos, el de Robert Yzaguirre, abogado del cártel del Golfo desde tiempos de Juan García Ábrego, a quien en 1996 en ese mismo distrito no pudo librar de 11 cadenas perpetuas, por delitos contra la salud que hoy purga en una cárcel de Colorado.

“Para Osiel, acusado de 17 delitos más graves que los atribuidos a García  Ábrego, según la propia DEA, se pactó con el gobierno 25 años de prisión y 50 millones de dólares, menos de la cuarta parte de la propuesta de incautación inicial, de 300 millones de dólares”, señaló Contralínea.

Al momento de dictar sentencia, la juez Tlage reflexionó: “Cae bajo mi responsabilidad determinar si la sentencia que el gobierno recomienda y el aseguramiento (de dinero) que han acordado es un castigo suficiente, pero es suficiente aunque no más de lo necesario para reflejar la gravedad de los delitos que se le han imputado, ya que la sentencia también debe promover el respeto de la Ley y proporcionar a justo castigo.

“Debido a que la ley no me permite participar en las negociaciones de culpabilidad, he tenido que recurrir a la sentencia del abogado del gobierno en su evaluación de las acciones para este caso. Mi decisión de aceptar la recomendación del gobierno tiene que ver con promover el interés por la justicia y difundir ante la opinión pública el respeto de la ley...”

 

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