JALAPA, Ver., 5 de agosto (apro).- Grupos feministas del estado realizaron un plantón en esta ciudad en solidaridad con el movimiento que promueve la despenalización del aborto en el estado de Guanajuato, donde las mujeres son criminalizadas con cárcel si deciden interrumpir un embarazo.

En el plantón, realizado en la Plaza Lerdo de esta ciudad, las activistas exigieron la derogación de las sanciones establecidas en el Código Penal de Guanajuato y un alto a la criminalización de quienes incurren en esas prácticas.

En Guanajuato las leyes penales establecen sanciones severas contra quienes se practiquen un aborto, el cual está tipificado como “homicidio” en razón de parentesco, afirmaron las activistas veracruzanas.

En el plantón participaron integrantes de organizaciones como Articulación por el Derecho a Decidir en Veracruz, Las Muchas y la Red de Católicas por el Derecho a Decidir, quienes, portando grandes mantas, se manifestaron a favor de la libertad del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Señalaron que en el estado de Guanajuato, durante el periodo de 2000 a 2006, la Procuraduría General de Justicia de esa entidad inició 166 averiguaciones previas. Añadieron que 11 mujeres estuvieron sometidas a proceso penal acusadas del delito de aborto y otras nueve fueron sentenciadas en 2008.

La activista Silvia Jiménez dijo que las mujeres que abortaron fueron denunciadas por médicos de hospitales públicos, y señaló que actualmente hay seis que enfrentan procesos penales de Guanajuato por el delito de “homicidio en razón de parentesco” de un producto en gestación.

De acuerdo con la asociación “Las libres de información en salud sexual”, región centro del país, esas seis mujeres fueron sentenciadas por las autoridades de Guanajuato a penas de  25 a 35 años de prisión.

Ante esta situación, organizaciones civiles que defienden los derechos de las mujeres, acordaron realizar este tipo de acciones en diversos puntos del país, incluido Veracruz, para manifestar su desacuerdo con las medidas aplicadas en Guanajuato y, a la vez, recolectar firmas para protestar contra el encarcelamiento de las mujeres acusadas del delito de aborto.

Carlos Jiménez, representante de la Red Católicos y Católicas por el Derecho a Decidir, afirmó que en Veracruz hay tres mujeres encarceladas por el delito de homicidio en grado de parentesco, las cuales enfrentan condenas de hasta 20 años de prisión.

Dijo que ocho mujeres fueron indultadas por el gobernador Fidel Herrera Beltrán, luego de que se aprobó la ley de protección a la vida desde el momento de la concepción.

Señaló que el personal médico de los hospitales de la entidad desconoce la Norma 046 aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que los obliga a informar sobre la anticoncepción de emergencia y a prestar servicios de salud, incluida la interrupción legal del embarazo a toda víctima de violencia sexual que lo solicite.

Explicó que, en mayo pasado, la SCJN determinó la Norma 046 como obligatoria para todas las instituciones de salud públicas y privadas.

Sin embargo, Jiménez afirmó que fueron los propios médicos que atendieron a esas mujeres los que las denunciaron ante las autoridades, por lo que fueron procesadas por haber interrumpido su embarazo.