Sin información ni aviso de por medio, el pasado 6 de abril, alrededor de las siete de la mañana, un grupo de jóvenes escoltado por tres camiones repletos de granaderos y cuatro patrullas llegó a la colonia La Malinche con la orden de distribuir, casa por casa, una notificación oficial.

En dicha comunicación, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunciaba a los residentes de ese popular núcleo poblacional de la delegación Magdalena Contreras que, “por causas de utilidad pública”, sus predios habían sido expropiados para dar paso a una autopista urbana de peaje que conectará el sur con el poniente de la metrópoli.

La noche anterior, el 5 de abril, vecinos de esa colonia habían tenido una reunión “urgente” con el subsecretario de Asuntos Metropolitanos del GDF, Héctor Hernández Llamas, y el jefe delegacional en Magdalena Contreras, Eduardo Hernández Rojas; durante el encuentro ninguno de los dos habló de la expropiación, a pesar de que al menos Hernández Llamas, un sobreviviente del camachismo, sabía lo que sucedería horas más tarde.

Sin más información que el puro decreto, en principio la mayoría de los vecinos rechazó la idea de abandonar su patrimonio. Sin embargo, líderes locales como el exdelegado en Magdalena Contreras y actual diputado perredista, Héctor Guijosa, y Héctor Silva, un extrabajador de la demarcación, así como personal de la Subsecretaría de Asuntos Metropolitanos del GDF, pusieron en marcha un agresivo trabajo de persuasión que incluyó visitas domiciliarias –incluso en la madrugada– para tratar de sofocar la inconformidad que empezaba a gestarse.

Este es un adelanto del número 1762 de Proceso.